Afrontan 9 y 18 meses de cárcel por maltratar a dos perros

En uno de los casos, en Lugo, el can sufrió la amputación de una pata y en el otro, en Ribadeo, falleció desnutrido y deshidratado
Los juzgados de Lugo. ARCHIVO
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El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo tenía previsto acoger ayer dos juicios por sendos delitos de maltrato animal contra las dueñas de dos perros, una de la capital lucense y otra de Ribadeo. Pero ambos fueron suspendidos por el mismo motivo, la ausencia de un testigo. En el caso del de A Mariña ya es la cuarta vez que no se celebra.

Una vecina de Lugo se enfrenta a una solicitud de nueve meses de prisión y dos años y medio de inhabilitación para ejercer profesión u oficio que guarde relación con animales.

En el verano de 2020 la procesada presuntamente no le prestó la atención debida a su perro, que había sufrido mordeduras y la fractura de una extremidad al ser atacado por otro can.

El 12 de julio recibió atención en un centro veterinario. Un mes después le tuvieron que amputar una extremidad al perro porque su propietaria, según la acusación del ministerio fiscal, "a pesar de ser consciente de las necesidades del animal dejó intencionadamente de suministrarle los cuidados que precisaba".

El animal llevaba un mes con la misma venda, que "tenía larvas" y presentaba "olor a putrefacción y supuraba líquido". Esa "falta de cuidados", según la acusación del fiscal, "provocó que se le amputara la extremidad afectada por criterio veterinario".

EN RIBADEO. El otro caso de maltrato animal que iba a ser juzgado ayer en el Penal número 1 de Lugo, que se suspendió por cuarta vez, se remonta a mayo de 2018, cuando falleció en Ribadeo un cruce de labrador que presentaba «una situación de desnutrición severa, hipotermia, deshidratación, con los belfos del hocico inflamados».

El ministerio público solicita para la acusada 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales y también para su tenencia.

Según el fiscal, la procesada sometía al perro «a una situación de agonía constante teniéndolo encerrado en una pequeña terraza y con el bozal lleno de papeles de cocina que le taponaban la boca».

El letrado de la acusada declaró que esta no se podía hacer cargo del animal porque trabajaba muchas horas en la hostelería, por lo que pidió ayuda al Concello y a la Protectora.