La Audiencia Provincial de Lugo impuso sendas penas de veinte meses de prisión a cinco acusados de traficar con cocaína y hachís en la capital lucense en el año 2013. Cuatro de los acusados estaban vinculados a dos locales de ocio nocturno ubicados en la Rúa Tui y en Salvador de Madariaga, mientras que el otro imputado era el encargado de suministrarles la droga.
Tal y como reconocieron ayer los acusados en la Audiencia Provincial de Lugo, R.P.S. regentaba los dos pubs y tenía como empleados a su hijo, I.P.D.; a la pareja sentimental del joven, E.C.C. y a otra mujer, con iniciales C.A.S. "Estas cuatro personas", según la fiscal, "poseían conjuntamente diversas sustancias estupefacientes que guardaban en los establecimientos y en sus domicilios, para distribuirlas a terceros, y cuya venta y distribución proporcionaba ganancias a todos ellos".
La Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos y realizó varios registros domiciliarios, en los que localizaron un total de 12 gramos de cocaína, 65 de resina de cannabis y 2.267 gramos de cannabis. "Con la distribución a terceros de esta sustancia", apunta el ministerio público, "los acusados conseguirían un beneficio de 13.700 euros". Los agentes se incautaron además de 3.095 euros en efectivo, procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes.
El otro acusado, O.C.R., fue sorprendido en la carretera Nacional 642, cuando circulaba en un turismo en el que llevaba 20 gramos de cocaína. El hombre regentaba un locutorio en Ribadeo, donde los agentes localizaron otros 12 gramos de cocaína y una pequeña cantidad de resina de cannabis. La acusación pública mantiene que esta persona era la encargada de suministrar los estupefacientes al acusado R.P.S.
Por estos hechos, la Fiscalía lucense solicitaba inicialmente para este último una condena de cinco años de cárcel, ya que el hombre tenía antecedentes por otro delito de tráfico de drogas, mientras que para los otros cuatro acusados pedía penas de tres años y ocho meses de cárcel. Sin embargo, los acusados asumieron el martes los hechos ante el tribunal y el ministerio fiscal reconoció que concurría en este caso la atenuante de dilaciones indebidas, ya que la causa estuvo paralizada por motivos ajenos a los acusados y el juicio tardó nueve años en celebrarse.
En el caso de O.R.D., la Fiscalía le reconoció también la atenuante de drogadicción, ya que en el momento de los hechos era consumidor de estupefacientes y posteriormente se sometió a un tratamiento de desintoxicación.
Con estas modificaciones -y con el reconocimiento de los hechos por parte de los cinco imputados-, las partes llegaron a un acuerdo para imponerles una condena de un año y ocho meses de prisión a cada uno, además de sendas multas. Con esta condena no ingresarán inicialmente en prisión.
