Tras casi tres décadas de idas y venidas y de cinco días atando y desatando cabos ante el tribunal, las partes del juicio por el doble asesinato de O Ceao expusieron este viernes sus conclusiones y dejaron la pelota en el tejado de la Audiencia Provincial de Lugo, que tendrá que dictar sentencia en base a las actuaciones y a los testimonios escuchados durante la vista oral. Para las acusaciones -ejercidas por los familiares de las víctimas y por los responsables de Cash Récord-, existen "indicios sólidos" para condenar a Manuel Juan Vilariño Casanova como autor de dos delitos de asesinato, robo y tráfico ilícito de armas. Defensa y Fiscalía, sin embargo, solicitan su libre absolución al considerar que las pistas se reducen a "rumores" y "conjeturas".
Fieles a sus respectivas posturas, las partes expusieron durante cerca de tres horas los puntos más destacados del caso, aunque desde diferentes ángulos. Las acusaciones presentaron al acusado como un hombre "frío y calculador", con varias condenas a sus espaldas por diferentes delitos, cliente habitual de Cash Récord, avezado en el manejo de armas y dueño de una cuenta bancaria difícil de justificar con sus ingresos como hostelero. Para esta parte, además, los testimonios de los dos toxicómanos que implicaron en su momento a Manuel Juan Vilariño resultaron "totalmente creíbles".
La defensa, por su parte, recordó que ninguno de los vehículos vistos en O Ceao el día del suceso se pudieron vincular con el procesado, que las armas que se le incautaron no participaron en el crimen y que ningún testigo lo pudo identificar sin lugar a dudas. Tanto la letrada del procesado como el ministerio fiscal consideran además que los testimonios estuvieron plagados de contradicciones. La sentencia inclinará la balanza a favor de una u otra tesis.
Abogada de los familiares
La abogada de los familiares de las víctimas, Carmen Balfagón, hizo hincapié en los informes de la Policía Local, la Policía Nacional de Lugo y la Udev de Madrid, "que concluyen que hay un culpable claro", insistió. La letrada —que se sumó en este caso a Gerardo Pardo de Vera tras conocerse en un programa de Telecinco sobre este crimen, al que ella acudía como experta en casos complejos— mostró en la vista una fotografía del acusado en los años 90, "para que vean a quién estamos juzgando", dijo.
La letrada apuntó que, "en un Estado de Derecho, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad tiene que valer de algo. Si empezamos a desconfiar de todo el trabajo que han hecho los funcionarios policiales, mal mensaje mandamos a la ciudadanía", dijo. En su opinión, resulta clave que, según demostraron los albaranes recopilados, el acusado iba a comprar a Cash Récord habitualmente los jueves, pero poco antes del crimen empezó a ir los sábados, "para controlar el escenario". Además, contó que en los registros por tráfico de armas vinculados a Manuel Juan Vilariño se encontraron un centenar de cartuchos de 9 mijusto los que balística determinó que habían producido las muertes de las víctimas". La letrada expuso también que un vigilante de seguridad había encontrado en el lugar del crimen una huella de una zapatilla del número 42, "justo el que calza el acusado", y lanzó al aire una pregunta que considera fundamental: ¿De dónde sacó Manuel Juan Vilariño las 3.880.000 pesetas que ingresó en una cuenta del Banco de Fomento tras el crimen?" " Esta cantidad", apuntó, "no se justifica con sus ingresos en el bar, y ni tan siquiera con la venta de drogas".
Balfagón considera además que no hay motivos para desvirtuar las declaraciones de los toxicómanos que señalaron al acusado. "No hay prueba directas que lo impliquen, pero hay una prueba indiciaria contundente y la jurisprudencia en materia indiciaria es clara. Este caso es una oportunidad histórica para demostrar que existe la Justicia",
Abogada de la defensa
La abogada lucense Paula Salvador aprovechó su turno de conclusiones para desmontar uno a uno los indicios presentados por las acusaciones. A pesar de coger el caso hace tan solo dos meses, la letrada demostró que conocía bien el sumario y enumeró las "numerosas contradicciones" en las que incurrieron los principales testigos. "Hay dos toxicómanos que vincularon a Juan Manuel Vilariño con el asalto a Cash Récord, pero sus testimonios no son para nada creíbles. Y no por su condición de toxicómanos, sino porque, cada vez que declararon, contaron una versión distinta de los hechos".
Paula Salvador explicó que estos dos hombres —uno ya fallecido— dieron testimonios diferentes de cómo conocieron al acusado, de la relación que tenían con él, de cómo les propuso participar en el robo y de cómo se desarrolló el episodio de los disparos en un descampado de las afueras de Lugo. "No hay absolutamente nada que coincida en sus distintas declaraciones. Además, imputaron también a otras personas que no fueron investigadas y el propio inspector de la Policía Nacional contó que no le inspiraban ninguna credibilidad y que contaban lo mismo cada vez que los detenían, para ver si los soltaban. Esto no indicios, ni tan siquiera conjeturas, son únicamente mentiras".
La letrada insistió en que ninguno de los vehículos ni de las armas del procesado fueron relacionadas con el crimen. Y considera que la rueda de reconocimiento que se hizo estuvo "viciada", ya que no se mostraron fotografías de los otros sospechosos en aquel momento y los agentes le preguntaron varias veces al testigo, "hasta que señaló a Vilariño". Para la defensa, la investigación careció de objetividad.
"No buscaban al autor del crimen, sino que estaban buscando pruebas contra Manuel Juan Vilariño Casanova. No podemos olvidar que existe la presunción de inocencia y es cierto que se puede condenar en base a indicios pero la jurisprudencia dice que esos indicios no pueden ser sospechas, conjeturas o rumores", concluye.
Fiscal jefe de Lugo
"Me comprometí personalmente con las familias a trabajar y hacer todo lo posible en este caso, y eso hice, pero no se ha podido llegar más lejos. No acuso porque no hay indicios suficientes para, aplicando la ley, enervar la presunción de inocencia". El fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, mantuvo la misma postura que al inicio, cuando solicitó el sobreseimiento del caso. A pesar de no acusar, el representante del ministerio público realizó un extenso interrogatorio a todos y cada uno de los testigos, pero las respuestas que encontró sirvieron únicamente para avalar su tesis.
"El acusado incurrió en contradicciones, ya que quedó demostrado que conducía vehículos y manejaba armas. Además, conocía el establecimiento y hay dos toxicómanos a los que supuestamente les ofreció participar en el robo. Pero aún así, aún dando por válidas estas declaraciones, esto solo probaría el ofrecimiento y su relación con armas de fuego, no implica que hubiese llevado a cabo el atraco", argumenta.
Según explicó el fiscal, la jurisprudencia "exige que el indicio sea acreditado por prueba directa y esto es un escollo insalvable", aseveró. Brezmes explicó que el reconocimiento fotográfico en el que un testigo apuntó al procesado "es una diligencia de investigación, pero no se hizo una rueda de reconocimiento y tampoco se le identificó sin ningún género de dudas. Creo que la investigación se ha centrado demasiado en buscar indicios en contra de una persona y poco a buscar la verdad. Y obteniendo diligencias así es más fácil equivocarse", dijo.
Para la Fiscalía lucense, todos los datos que podrían vincular a Manuel Juan Vilariño con el doble asesinato "podrían analizarse si tuviésemos algo más contundente, pero no lo hay. Lo único que se pudo concluir es que la línea de investigación que apuntaba a esta persona era la opción más probable —ya que las otras opciones eran demasiado pobres—, pero eso no es suficiente. Necesitábamos cosas que descartasen todas las demás", señaló. Con estos argumentos, Roberto Brezmes apoyó en este caso la tesis de la defensa y no acusó.
Letrado de Cash Récord
Además de los familiares de las víctimas, la empresa Cash Rércord también ejerció la acusación particular contra Manuel Juan Vilariño, al que, además de las penas de prisión, le reclama una indemnización por el dinero sustraído en el establecimiento.
El letrado de la firma, Fernando Nieto, señaló que el autor tenía que ser cliente de Cash Récord. "Se investigó a todos los clientes de ese día y solo uno tenía armas, que además eran del mismo modelo que las usadas en el crimen. Se comprobó que sabía manejarlas y que además tenía a un buen armero de mano y un guardia civil que se las arreglaba. Y después del crimen se gastó ingentes cantidades de dinero que no podían proceder de sus ingresos. Esto es blanco y en botella".
El letrado insistió también en que varios testigos lo señalaron como autor, o al menos inductor, del atraco. "Que pasara tanto tiempo no le puede restar importancia a un hecho tan grave. Comparto el dolor, la impotencia y el desasosiego de las familias", dijo.
