Una acusación por unas supuestas amenazas de muerte acabó con seis personas condenadas por integrar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. La denuncia por las amenazas se puso en Burgos y las investigaciones posteriores llevaron al registro de dos pisos en la capital lucense -donde se encontraron estupefacientes- y al arresto de seis personas, que este miércoles confesaron su culpa en el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo y pactaron las penas con la fiscal.
El ministerio público solicitaba inicialmente para los acusados diferentes penas que iban desde los 4 años y siete meses, hasta los 7 años y cuatro meses de prisión. Sin embargo, tras una intensa negociación entre las partes, la Fiscalía rebajó su petición y los seis acusados -tres hombres y tres mujeres- aceptaron condenas de entre 18 meses y tres años de cárcel.
Tal y como quedó recogido en el escrito de acusación, la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en Burgos en febrero de 2015 por unas presuntas amenazas de muerte. Las pesquisas se llevaron a cabo durante varios meses y finalizaron con el registro de dos domicilios en el mes de junio, ordenado por el juzgado de Instrucción número 12 de Madrid.
REGISTROS. En la vivienda en la que residían cuatro de los acusados -A.R.M., E.F.R.M., M.G.G. e I.R.M.-, los agentes encontraron pasaportes falsos y una pistola semiautomática militar de la antigua Unión Soviética, de la marca Makarov-Tokarev, con dos cargadores y 37 cartuchos de 9 milímetros Parabellum. El arma fue hallada bajo un cojín del salón, dentro de un calcetín y preparada para ser utilizada.
Los investigadores descubrieron además un pequeño zulo, oculto tras un azulejo de la cocina, compuesto de dos cuerdas y una bandeja metálica que dio positivo en heroína, "aunque la cantidad detectada resultó irrelevante a efectos de considerar su tráfico". También se requisaron 835 euros en metálico, una balanza de precisión y un bote con presunta sustancia de corte.
Ese mismo día, la Policía Nacional registró la vivienda de la capital lucense en la que residían los otros dos acusados J.A.R.B. y E.M.G., en la que requisaron 1.298 gramos de resina de cannabis, con una riqueza del 65%, "que alcanzarían en el mercado ilícito un valor de 2.116 euros".
Según argumentó el ministerio público, todos los acusados, "puestos de común acuerdo", se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes, "integrando un grupo criminal organizado dedicado a dicho tráfico". El acusado A.R. ocupaba el nivel más alto del grupo, "coexionado por los vínculos familiares existentes entre sus miembros", y cada uno de los demás acusados realizaba actividades relevantes en la venta de las sustancias estupefacientes, desde concertar contactos con posibles compradores -con los que todos los miembros del grupo mantenían contactos telefónicos-, hasta realizar las entregas a los compradores y consumidores.
"Todos los acusados", concluyó la Fiscalía, "conocían la existencia de los objetos incautados, que se encontraban a disposición de todos y cada uno de ellos, en el ejercicio de su ilícita actividad".
DELITOS. Por estos hechos, el ministerio público imputó a los seis acusados sendos delitos contra la salud pública y otro delito de integración en grupo criminal organizado. Una de las acusadas, E.F.R.M., también asumió un delito de tenencia ilícita de armas, mientras que A.R.M. reconoció además otro delito de falsedad en documento oficial. Los acusados también tendrán que asumir las costas del juicio.
El ministerio público interesó igualmente el comiso del dinero y de la pistola militar intervenida a los acusados, "dándoseles el destino legal", así como la destrucción de las sustancias estupefacientes que fueron requisadas por los agentes de la Guardia Civil de Lugo en la vivienda de algunos de los acusados.
