Un robo con fuerza en un coche cometido el 1 de mayo de 2008 dio origen al primer macrosumario de los muchos que luego se ventilaron en los juzgados lucenses. Era el comienzo de la operación Pollo, una investigación sobre la explotación de trabajadores extranjeros en la que llegaron a figurar como imputados decenas de ganaderos y empresarios de la provincia lucense y limítrofes, con la implicación de importantes empresas tanto lucenses como nacionales y una nómina de posibles víctimas que se acercaba al centenar.
Once años después, el juzgado de instrucción 3 ha dado por concluida la instrucción y dictado el auto de transformación en procedimiento abreviado, en el que propone el procesamiento de 20 personas y sobresee las acusaciones que pesaban sobre otras 19.
El juicio será por presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y por estafa.
EL CLAN CHAHIDI. El juez Sergio Orduña, que heredó la macrocausa de la jueza Estela San José, ha seguido las indicaciones del informe emitido por la Fiscalía hace dos años para reducir el grupo de investigados a los directamente relacionados con el principal imputado y jefe de la trama: el marroquí Mohamed Chahidi, actualmente en paradero desconocido. Este hombre, junto a su pareja y a dos de sus hermanos, dirigía un grupo de empresas a través de las que introducía compatriotas en el país mediante contratos de trabajo muchas veces ficticios, que conseguía gracias a la colaboración de gestores y pequeños empresarios locales, sobre todo propietarios de granjas.
A cambio de facilitar la llegada al país, cobraba a sus compatriotas miles de euros (entre 8.000 y 12.000) y luego los mantenía trabajando en condiciones de semiesclavitud. La mayor parte eran empleados en granjas de criar pollos y en las empresas subcontratadas para el traslado y recogida de los animales.
Entre esas firmas destacaban por su importancia el grupo Sada (una de las mayores firmas de distribución de carne de pollo de todo el país, para la que actuaban los granjeros como criadores) y una de transportes lucense, que era la tenía subcontratada la entrega y recogida de los pollos en dichas granjas.
Buena parte de la instrucción giró, de hecho, en torno a estas y otras empresas, y sobre la posibilidad legal de que fueran consideradas responsables civiles subsidiarias en caso de que finalmente se llegue a una sentencia condenatoria. Varios de sus directivos figuraban como investigados.
Sin embargo, tanto la Fiscalía como ahora el juez entienden que no hay base suficiente como para mantener la acusación, al considerar sus papel como "testimonial" dentro de la trama de explotación laboral. Los directivos figuran ahora entre las 19 personas que ven sobreseídas las acusaciones y las empresas no tendrán que afrontar pago alguno, por lo que se esfuma la principal posibilidad para que las víctimas pudieran obtener un reparo económico.
EXTRANJERÍA. También queda exonerada la persona que ocupaba la jefatura de la Oficina Provincial de Extranjería, donde la red obtenía la aprobación para la mayor parte de sus contratos laborales. Si bien se detectaron "irregularidades administrativas a depurar en un ámbito sancionador disciplinario", no se han conseguido pruebas que permitan continuar por la vía penal, ya que no hay constancia de que obtuviera un enriquecimiento ni otras prebendas por su permisividad con los contratos.
Además de los directamente ligados al clan Chahidi, el magistrado Sergio Orduña propone el procesamiento de otras quince personas de origen lucense. Se trata de propietarios de gestorías y de granjas e incluso de negocios de hostelería que obtenían dinero de la red a cambio de tramitar en Extranjería solicitudes de permisos de trabajo para ciudadanos extranjeros, que permitían a Mohamed Chahidi explotar a sus compatriotas.
