El 23 de junio se cumplirán dos años desde que el nuevo auditorio de Lugo pasó de manos de la Xunta al Concello y sigue sin haber una previsión de cuándo podrá empezar a funcionar.
Los concejales del PP se desplazaron de nuevo este lunes a la Avenida de Magoi para denunciar la situación y volver a pedir al Concello que, mientras tanto no abre el edificio, al menos acondicione su entorno, para que los ciudadanos puedan disfrutar de ese espacio en buen estado.
Actualmente tiene una valla de obra que está rota en algunas zonas y a través de la cual algunas personas acceden al recinto, donde hay una extensa zona verde que está sin mantenimiento. El gobierno alegó recientemente que no retiraba la valla porque era disuasoria y se aprovecharía cuando se hiciesen las obras de acondicionamiento del edificio, según informó el PP.
El auditorio de Magoi languidece únicamente por la desidia y la pasividad de Lara Méndez y Rubén Arroxo, que se empeñan en mantenerlo cerrado pese a ser uno de los mejores auditorios de #Galicia, edificio en el que se invirtieron 25M€ de todos los gallegos. pic.twitter.com/WCwWyq4ApU
— Antonio Ameijide (@antonioameijide) May 23, 2022
En junio de 2020, el Concello acabó recibiendo el inmueble tras un tira y afloja con la Xunta por las condiciones en que estaba este —con problemas estructurales y de otro tipo, según denunció ya entonces el gobierno de Lara Méndez— y sobre quién debía arreglarlos y ponerlo a punto. La mayor dificultad está en los distintos sistemas de servicios, como climatización, seguridad contra incendios, ascensores y circuito de televisión, entre otros. Algunos no están instalados y operativos al cien por cien, algunos nunca se probaron y los plazos de algunas garantías prescribieron.
Desde junio de 2020, el gobierno local intentó afrontar los arreglos y la puesta a punto del edificio por varias vías. Primero a través de contratos menores, que el interventor frenó, y después a través de un contrato único que debe salir a licitación y en cuyos pliegos llevan meses en elaboración. El Concello calcula que tendrá que hacer un gasto de unos 400.000 euros, que podría reclamar a la Xunta.
