El PP entregará la próxima semana sus alegaciones al expediente que se instruye en el Concello para dirimir si funcionarios y/o políticos deben asumir responsabilidad patrimonial por la indemnización de casi 2,5 millones de euros que la administración tuvo que pagar a la empresa Inca por el fallido proyecto de rehabilitación y explotación hidroeléctrica de la antigua fábrica de la luz de Lugo.
Los populares estudian en este momento un expediente que se compone de 8.000 folios, lo que da idea de la complejidad que tuvo este proyecto municipal que empezó a gestarse en tiempos del alcalde José López Orozco y que llegó a ser investigado judicialmente dentro de la operación Pokemon. El juez no apreció delito y archivó la causa en el año 2017, pero en el 2020, en otro procedimiento, el TSXG condenó al Concello a indemnizar a Inca al apreciar "negligencia" de la administración local en el hecho de que caducara la concesión de aprovechamiento hidroeléctrico.
La extinción de ese derecho acabó por inhabilitar un proyecto que llevaba años atascado por múltiples causas y al que Inca ya quería renunciar, aunque alguno de los contratiempos que sufrió, como la paralización de la obra por parte de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), fue atribuible a la empresa.
El papel de la alcaldesa no será investigado
El expediente de responsabilidad patrimonial se inició hace meses con mucha polémica, ya que, en base a un informe de la asesoría jurídica municipal, la investigación se dirige ya desde un primer momento hacia dos personas, con nombre y apellidos, un funcionario de medio ambiente y el antiguo concejal de esta área Daniel Piñeiro. Además, se deja fuera de la investigación a la alcaldesa, un criterio jurídico que respondería al hecho de que la alcaldesa, Lara Méndez, no tuvo intervención directa en la tramitación de este proyecto.
La oposición discrepa porque a la regidora fueron dirigidos varios escritos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en los que le advertía de que el Concello debía solicitar prórroga para la obra de la fábrica de la luz y para el título de aprovechamiento hidroeléctrico porque ambos permisos estaban a punto de caducar. El Concello hizo el trámite fuera de plazo, aunque el procedimiento y los tiempos en este caso tenían alguna particularidad y, en un primer momento, la CHMS aceptó la solicitud. Sin embargo, posteriormente la Abogacía del Estado no la dio por válida, una decisión que se produjo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que el equipo de Méndez considera que fue por interés partidista.
Cuando se inició el expediente de responsabilidad patrimonial, el PP solicitó formar parte de él y, como no obtuvo respuesta, presentó un recurso de reposición, que fue inadmitido por la alcaldesa, que es quien figura como la responsable de incoar, impulsar y resolver el expediente. Por esa razón, el pasado 3 de noviembre el PP presentó un contencioso-administrativo en el juzgado, para que le autorizara personarse. No fue necesario que el juez se pronunciara porque acto seguido el secretario del pleno, que es quien instruye el expediente, informó al grupo municipal de que ese era su derecho. Según la versión del gobierno local, se admitió al PP en el expediente cuando lo solicitó de la forma que marca la normativa.
El PP critica que sea la alcaldesa la responsable del expediente de investigación porque consideran que es parte interesada
Los populares advirtieron en diversas ocasiones de que irán "ata o final" en este asunto porque consideran que la actuación del gobierno de Méndez fue negligente y que los lucenses no deben afrontar el desembolso económico que supuso indemnizar a Inca. Critican también que sea la alcaldesa la responsable de incoar, impulsar y cerrar el expediente de investigación, ya que consideran que es parte interesada, y no ven lógico que el examen del caso se iniciara señalando a dos responsables y dejándola al margen a ella, una decisión que los populares cuestionan por un doble motivo: consideran que ella sí tiene responsabilidad en lo sucedido por ser la cabeza del gobierno y critican que la decisión fuera tomada en base al informe realizado por el asesor jurídico del Concello porque este también fue parte en este caso en distintos momentos y por distintas razones. El popular Antonio Ameijide recuerda que este funcionario estaba en el servicio de Contratación cuando se adjudicó el proyecto a Inca y que ya como asesor jurídico tuvo que pronunciarse en varias ocasiones sobre el mismo tanto a nivel administrativo como en los juzgados, aunque en algún caso fuera de forma indirecta.
Sobre los anteriores argumentos se apoyarán las alegaciones que presentará el PP en los próximos días y a las que podría sumar la petición de que se practiquen pruebas y se tenga acceso, por ejemplo, a las comunicaciones internas que hubo entre funcionarios y políticos en relación a este caso o que se lleven a cabo pruebas testificales. También el funcionario y el edil investigados están en plazo para alegar debido a que el expediente se reinició de facto hace unas semanas. En realidad lo que sucedió fue que el expediente caducó porque una sentencia del Tribunal Supremo estableció que este tipo de casos deben cerrarse en tres meses, por lo que se decidió abrir otro, al que se incorporó todo el trabajo realizado en el anterior. De momento no consta que haya conclusiones.
Para la fábrica de la luz, el gobierno local tiene ahora otro proyecto, de carácter gastronómico y turístico que pretende llevar a cabo con la ayuda de fondos europeos.
