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"No cedí a la extorsión de Eta y no pagaré a los rumanos 5.000 euros"

El piso con el gas enganchado está en la Rúa Río Navia. XESÚS PONTE
El piso con el gas enganchado está en la Rúa Río Navia. XESÚS PONTE

El dueño de un piso de la capital lucense denunció en Comisaría que sus morosos inquilinos le exigen dinero para dejar libre la vivienda

Pasó media vida en el País Vasco, de donde se marchó a principios de los años 90 con su familia tras no ceder a la "extorsión" de la banda terrorista Eta. Ahora se enfrenta a otro "chantaje", el de los inquilinos de la vivienda que tiene alquilada en la Rúa Río Navia de la capital lucense.

El afectado, que prefiere mantenerse en el anonimato, asegura que le exigen "5.000 euros" a cambio de dejar libre el inmueble, un piso antiguo de 120 metros cuadrados y cinco habitaciones, en esta calle del barrio de A Milagrosa.

"No les doy ni 5.000, ni 3.000, ni 1.000 euros. Vivíamos en el País Vasco, nos tuvimos que ir por no pagar la extorsión terrorista y no pienso pagar ahora", afirma el propietario, que ya tiene constancia de que le han causado destrozos en el inmueble.

Dice que le han arrancado azulejos; tirado cubos de agua por el suelo, causando filtraciones a la vecina, e incluso utilizado la madera del suelo para avivar el fuego de la parrilla que suelen encender en la azotea cuando tienen celebraciones.

Los inquilinos llegaron a sacrificar un cerdo dentro del piso y tuvieron gallinas, que se le escaparon a la calle, según los vecinos

El mes pasado presentaba denuncia judicial y en la Comisaría de la Policía Nacional. No adoptó esta medida solo por los impagos de sus inquilinos o porque le exigiesen dinero para marcharse. Hay una situación que tanto a él, como a la comunidad de propietarios de este inmueble de la calle Río Navia también les trae de cabeza por "el problema de seguridad ciudadana" que conlleva.

Los arrendatarios tienen "un enganche ilegal de gas", según asegura el propietario, lo que, a su juicio, resulta "muy peligroso", ya que podría provocar "una explosión".

Se ha puesto en contacto con la compañía suministradora. Dice que esta ha enviado a operarios a comprobar la situación, pero que no han podido adoptar medidas porque no les abrieron la puerta cuando acudieron.

"El enganche ilegal está dentro del piso. Ni los trabajadores de la compañía del gas, ni la policía pueden entrar sin una autorización judicial", explica.

Tanto él como los propietarios de las demás viviendas del edificio se reunieron esta semana y firmaron un escrito que remitirán a la Subdelegación del Gobierno para que tome cartas en el asunto contra lo que consideran un "uso abusivo y fraudulento" que entraña "un grave peligro", tanto para los moradores del piso como para los demás vecinos.

Sucede lo mismo con el agua. El Concello de Lugo le ha cortado el suministro en varias ocasiones, pero estos inqulinos de la Rúa Río Navia lo reengachan. Ante ese riesgo por el gas y las otras molestias que sufren en la convivencia diaria, no descartan recoger firmas entre los vecinos del barrio.

PROFESIONALES. Como le adeudan todas las mensualidades de este año y varias del ejercicio pasado contactó con los inquilinos para requerirles que cumpliesen con sus obligaciones. La primera respuesta que obtuvo fue: "Vete al juzgado, que ya sabemos que vas a tardar uno o dos años en echarnos". En la segunda, ya no se limitaban a seguir de alquiler sin pagar, además le exigían el pago de 5.000 euros.

Alquiló la vivienda a un matrimonio con dos hijos, sin embargo a veces suele haber entre 20 y 30 personas

Este es un caso que se está repitiendo en los últimos meses en la capital lucense. La Fiscalía acaba de presentar denuncia judicial contra un matrimonio, de nacionalidad rumana, que presuntamente alquila pisos, no abona sus rentas, realiza consumos abusivos de suministros y exige dinero para abandonar la vivienda, lo que el ministerio público ha calificado como delitos de estafa y amenazas —subsidiariamente de extorsión—.

Varios afectados han accedido a las pretensiones económicas de sus inquilinos. El propietario del piso de la Rúa Río Navia advierte de que esa respuesta puede tener un efecto llamada para que otros arrendatarios empleen la misma estrategia.

Considera que se está convirtiendo en "un problema social", que puede «distorsionar» el mercado inmobiliario de la capital lucense. "Los inquilinos honrados van a sufrir más trabas y los propietarios van a dejar de alquilar", advierte. Además, se muestra convencido de que como los señalados son ciudadanos extranjeros "nadie hace nada para que no les tachen de racistas".

CERDOS Y GALLINAS. El propietario firmó el contrato de alquiler del piso de la Rúa Río Navia hace unos cinco años con un matrimonio de nacionalidad rumana con dos hijos. Siempre sufrió demoras en el pago, aunque cuando les advertía de que si no abonaban la renta se tenían que marchar, accedían.

Explica que las cosas se complicaron cuando sus inquilinos fueron realquilando el piso a otros compatriotas. Entonces surgieron problemas de "convivencia" con los dueños de los demás pisos. Uno de ellos incluso tiene su vivienda a la venta porque no soporta las molestias.

Cuentan que esos inquilinos incluso subieron un cerdo al piso y lo sacrificaron o que tuvieron gallinas y que se les escaparon a la calle. Además, soportan "olores nauseabundos, peleas, ruidos hasta altas horas de la madrugada...". Dicen que a veces convierten la calle en un taller mecánico al aire libre en el que reparan sus vehículos de alta gama, alguno de ellos valorado en "más de 130.000 euros".

El denunciante, que apunta que utilizan el suyo como "un piso patera", en el que conviven "entre 20 y 30 personas", precisa que los impagos no se deben a que tengan problemas para llegar a fin de mes, ya que en ocasiones, según cuenta, le abonaron las rentas pendientes "con billetes de 500 euros".

Ninguna actuación judicial todavía
El juzgado de instrucción número dos de Lugo aun no ha tomado ninguna medida desde que la Fiscalía presentó la denuncia contra un matrimonio por sendos delitos de estafa y amenazas.

PARO. Esa ausencia de actuaciones se atribuye a la huelga que secunda el personal de la administración de Justicia desde hace más de dos meses.

 

"No cedí a la extorsión de Eta y no pagaré a los rumanos 5.000 euros"
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