Concello y Urbaser movieron ayer sus piezas en la compleja partida de la huelga de basura en un nuevo intento de desbloquear el conflicto laboral y si primero fue la junta de gobierno local la que acordó abrir un expediente sancionador a la concesionaria por no haber cumplido el plan de limpieza durante el paro, acto seguido la empresa presentó una demanda ante el Servicio de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (Smac) en la que pide que se declare como ilegal la huelga.
El portavoz socialista, Luis Álvarez, explicó ayer la mañana en rueda de prensa que la junta de gobierno local había acordado con carácter de urgencia el inicio de un expediente sancionador a Urbaser por una infracción contractual "moi grave" por incumplir los servicios mínimos, cuya cuantía oscilará entre los 6.010 y los 30.050 euros.
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