cuando uno tiene una familia a su cargo, incrementa su capacidad de aguante. La responsabilidad le vuelve más comedido. Se muerde la lengua más de una vez. Pero llega un momento en que estalla. Eso es lo que le debió pasar ayer a un anónimo empleado del Gran Hotel Lugo. Tras acabar su jornada laboral, una más sin cobrar, salió a la calle con un cartel en el que se podía leer que no tiene dinero ni para pagar el billete del autobús urbano.
Fue una protesta individual. Sin repercusión mediática. Un gesto de rabia contenida y de impotencia. Pero su acto pone una vez más de manifiesto que la paciencia tiene un límite.
El personal del cuatro estrellas de la avenida de Ramón Ferreiro aún no ha cobrado el sueldo de febrero. La administración, imputada en la operación judicial Caballo de Troya, se comprometió a abonar 900 euros para cada empleado, independientemente de cuál sea su salario. Una deuda que se suma a las que arrastra de meses anteriores.
La plantilla augura que los impagos, no solo a trabajadores, también a proveedores y servicios, acabarán afectando a su actividad diaria. Temen que les puedan cortar tarde o temprano la luz, el agua o el gas.
Sus miradas están puestas en Santiago. Los directores de los tres hoteles del grupo se han reunido con el juez Vázquez Taín para pedirle que desbloquee las cuentas de las sociedades para que puedan pagar a empleados y proveedores.
Al parecer, el magistrado ha transigido para ese fin porque no quiere que las empresas convenidas entre el liquidador Ángel de Cabo, en prisión, y de la familia Martínez Núñez, con varios de sus miembros imputados, acaben cerrando por su asfixia económica.
Pero las entidades financieras no sueltan ni una perra. Solo el buen quehacer de estos profesionales de la hostelería posibilita que esa sucesión de despropósitos no condicione el servicio que se presta en este cuatro estrellas.
