El esqueleto de las dos primeras torres previstas en O Garañón desafía a quienes lo contemplan desde el valle del Miño. La urbanización de esta finca fue polémica desde que fue autorizada por el PGOU y con el PP al frente del Concello, aunque fue el gobierno socialista quien autorizó finalmente el convenio que facilitaría el inicio de su construcción. Por ello, unos y otros reniegan de la paternidad de una obra que acabó siendo recurrida por los vecinos de la zona, a quienes les quita las vistas, y por la propia Xunta, que reivindicaba su papel de protector de los bienes históricos del entorno.
Al final es la Justicia quien se ha decidido a tomar las decisiones que los políticos no quisieron adoptar, aunque ello puede suponer un desembolso millonario para indemnizar al promotor de la obra, que no renuncia a los derechos adquiridos.
La batalla legal contra las torres de O Garañón comenzó a raíz de la aprobación en 2005 por el pleno municipal del Peri de la CS-5 y desde entonces ya ha pasado varios juzgados, entre ellos los dos contenciosos de Lugo, el TSXG, el antiguo juzgado de instrucción número 2 y el juzgado número 1.
El PSOE aprobó en 2005 solitario el plan especial para la urbanización de los terrenos, alegando que rebajaba la edificabilidad prevista en el PGOU, aunque la oposición censuró que se hiciese un mes antes de la entrada en vigor de la Lei do Solo, que podría rebajarla aún más.
Sin embargo, fue la asociación del Parque la que abrió la vía judicial, tras la presentación de una demanda contra el proyecto de edificación ante el juzgado contencioso número 1. Este trasladó el caso al número dos, que finalmente dictó sentencia en septiembre de 2009 dando la razón al colectivo. El Concello recurrió este fallo ante el TSXG, que ratificó la sentencia de primera instancia en enero pasado.
Mientras, la asociación también inició otro proceso contencioso por la concesión de la licencia de obra, del que por ahora sólo se han dictado conclusiones. Además, el último año presentó varios requerimientos al Concello solicitando que se paralizasen las obras. Anteriormente, el antiguo juzgado de instrucción número 2 había abierto diligencias previas por las denuncias de este colectivo.
Paralización
Sin embargo, la decisión judicial más contundente de las adoptadas hasta ahora fue el auto dictado en noviembre pasado por la titular del juzgado número 1 de Lugo, Pilar de Lara, mediante el cual ordenó paralizar las obras de construcción de las dos primeras torres de O Garañón. La jueza formuló además en su escrito una contundente crítica a la labor del gobierno local, de los técnicos municipales y hasta del Seprona por su labor de tramitación y supervisión de la urbanización de la CS-5.
En el auto, Pilar de Lara veía indicios de infracciones penales como la omisión del deber de denunciar delitos o de prevaricación, especificando que pueden dar lugar a condenas que van de los seis meses de cárcel a dos años.
Desde entonces, las obras permanecen precintadas, aunque si finalmente los juzgados desautorizan esta obra y obligan a su demolición, los costes derivados de la ejecución de las sentencias podrían ser millonarios, aunque tampoco está claro quién tendrá que asumirlos.
