La titular del juzgado de instrucción número 2 de Lugo, Sandra Piñeiro, ha dado cumplimiento a las órdenes de la Audiencia Provincial y ha citado como imputadas y no como testigos a más de una decena de personas en relación a la Operación Bebé, que investiga denuncias sobre niños que habrían sido quitados a sus madres biológicas de manera supuestamente irregular para ser entregados en adopción.
En un auto fechado el 19 de septiembre pasado, aunque las partes personadas aseguran haberlo recibido estos días, la jueza Sandra Piñeiro cita a declarar a diversos imputados, como personal del servicio de menores de la Xunta o trabajadores del hospital de Burela.
En este centro dio a luz una de las madres que denuncia que su bebé le fue arrebatado. Se trata del caso de una mujer de nacionalidad argelina, que no dominaba el español y a la cual no le fue facilitado un servicio de intérprete.
Las declaraciones están fijadas para los días 6, 10 y 20 de noviembre y el número exacto de imputados no está claro porque la jueza cita a varios facultativos y a técnicos del servicio de Menores de la Xunta, sin precisar con exactitud a cuántos se refiere.
En un auto del pasado mes de junio y otro posterior de julio, la Audiencia Provincial había estimado que "resulta más adecuada" la citación en calidad de imputados, "sin que ello signifique ninguna otra connotación respecto a la presunta responsabilidad o no", dado que de esta forma podrán ejercer su derecho de defensa en toda su amplitud en esta fase procesal.
La jueza Sandra Piñeiro los había citado a declarar como testigos por las irregularidades denunciadas en procesos de adopción. La Audiencia Provincial de Lugo decidió ordenar a la magistrada entregar el sumario de la causa a las partes personadas "en el menor período de tiempo que sea posible", dado que ya no está bajo secreto desde octubre de 2012, pero algún abogado ya ha reclamado que se cumpla esta orden y reciban copia de las diligencias.
En el año 2010, el juzgado número tres de Lugo abrió una instrucción a raíz de una denuncia interpuesta por un grupo de abogadas del turno de oficio sobre madres con dificultades que alertaban de que habían sido obligadas a renunciar a sus bebés y darlos en adopción con presiones y engaños. En el marco de la operación Carioca, que se centró en una red de prostitución y corrupción que operaba en Lugo, la jueza Pilar de Lara recabó también relatos de prostitutas que denunciaban este mismo tipo de hechos delictivos, por lo que dedujo testimonio de este 'hallazgo casual' y remitió las declaraciones a la operación Bebé por si pudiesen ser de ayuda.
En un primer momento, se hizo cargo de esta instrucción la titular del Juzgado número 3 de Lugo, Estela San José, quien ordenó registros en el servicio de menores de la Xunta y en el centro de atención a embarazadas y madres con problemas Hogar Madre Encarnación. No obstante, Estela San José se inhibió por amistad con una de las abogadas del turno de oficio que representaba a una de las víctimas, de forma que el caso pasó a ser instruido por la jueza del número 2 de Lugo, Sandra Piñeiro.
