La concejala de bienestar social en Lugo, Carmen Basadre, y el alcalde de Muras, Issam Alnagm, son dos de las más de 150 personas imputadas en el caso de la retirada fraudulenta de multas por parte de la Policía Local. La magistrada Estela San José, del juzgado de Instrucción número 3, envió ya la primera remesa de citaciones coincidiendo con el levantamiento del secreto de sumario. La toma de declaraciones comenzará en la última semana de este mes.
En el caso del Ayuntamiento de Lugo, Carmen Basadre es el segundo concejal socialista imputado por un motivo similar, después de que José Rábade tuviera que declarar en el sumario por la anulación de sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, que se instruye en el mismo juzgado. Se da la circunstancia de que Issam Alnagm, del Partido Popular, también resultó imputado en esta última investigación.
De las más de 150 personas que tendrán que acudir a declarar asistidas por abogado, unos noventa son agentes y auxiliares de la Policía Local. El resto son los ciudadanos beneficiados por la anulación de sanciones. Sin embargo, sólo alrededor de una veintena de los policías que serán llamados a declarar afrontan de principio las acusaciones más graves.
La mayor parte de los agentes y auxiliares deberán responder en esta nueva fase del procedimiento por los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Se arriesgan a penas que pueden incluir multas, inhabilitación y, en el peor de los casos, hasta prisión de seis a un año, pero en ningún caso ingresarían en la cárcel si no tienen condenas anteriores.
Pero la jueza ha añadido en las citaciones de una quincena de los imputados el cargo de falsedad en documento público. Éstos, además de las referidas multas e inhabilitaciones, se arriesgan a ser condenados a entre uno y cuatro años de prisión. El paradigma de este último grupo de imputados es el anterior responsable del departamento de sanciones de la Policía Local, A.B., que tendrá que responder por un buen número de cargos, dado que era él quien autorizaba en última instancia la retirada de las multas.
Otro aspecto que habrá tener en cuenta es el de las alcoholemias: si la sanción que ha sido retirada de forma irregular corresponde a un positivo por conducir bajos los efectos del alcohol, se estaría impidiendo la tramitación de un expediente que podría haber implicado la comisión de un delito; en ese caso, el policía responsable podría ser acusado además de omisión de su deber de perseguir el delito. Este tipo de cuestiones serán las que se subsanen con los interrogatorios.
Al menos dos acusaciones por cohecho
Del más de centenar y medio de imputados en el sumario, al menos dos afrontan acusaciones por cohecho, lo que implica que la jueza tiene fundamentos para sospechar que han recibido dinero u otros beneficios por retirar las multas. En ambos casos, llueve sobre mojado: uno de ellos es el policía local que está en prisión preventiva por su relación con la trama de los próstibulos, R.V.R; la otra acusada de cohecho es la auxiliar de policía A.R.E., cuyo marido está implicado en el asunto del tráfico de drogas cuyas grabaciones telefónicas dieron origen a los casos de las multas.
Cargo de tráfico de influencias para los beneficiados
Los más de 60 ciudadanos que serán llamados a declarar por haberse beneficiado de la retirada de sanciones tendrán que responder en principio por el cargo de tráfico de influencias, por lo que aún en el caso de ser condenados las penas serán leves. Sin embargo, los ciudadanos que se hayan beneficiado de la retirada por parte de los agentes imputados por cohecho podrán ser acusados además de cohecho pasivo, por haber pagado con dinero o favores la anulación de la multa.
El Ayuntamiento puede usar datos para abrir expedientes disciplinarios
El voluminoso sumario, de más de mil folios, contiene datos y conversaciones procedentes de las conversaciones telefónicas grabadas por orden judicial. Algunas de esas conversaciones no han derivado en la imputación de delitos por parte de la jueza, pero sí pueden ser utilizadas posteriormente por los responsables del Ayuntamiento para abrir expedientes disciplinarios internos si el contenido de dichas grabaciones aporta pruebas en ese sentido.
