Una plataforma de afectados cifró en 90 el número de afectados por la adquisición de productos tóxicos ligados a la entidad americana Lehman Brothers. En el conjunto del Estado esta cifra se sitúa próxima al millar de personas, un total de 980.
El portavoz de la plataforma, Javier Atanes, anunció en rueda de prensa hoy que denunciarán, por la vía penal, al consejero delegado de Bankinter, Jaime Echegoyen, --dado que fue a través de esta entidad bancaria como se hicieron estos productos bancarios-- con el objetivo de recuperar una media de 50.000 euros por afectado.
En este momento, ya se admitió a trámite una querella contra un subdirector general de Bankinter por un juzgado de Córdoba, al estimar el juez que pueden existir indicios de estafa a un cliente.
Este es el primer caso en España de los abiertos por la quiebra de Lehman Brothers, en el que se recoge la vía penal para pedir responsabilidades a los directivos de los bancos implicados en la comercialización de "productos tóxicos".
El abogado que representa a los afectados, José Luis Fiuza, considera que, supuestamente, ha existido por parte del banco de un delito de falsificación de documento mercantil y otro de estafa.
El problema podría radicar en que el banco vinculó su posible responsabilidad a la decisión de un comité de expertos que --según el letrado-- lo contrató la propia entidad. Añadió que el este comité trabajó únicamente con documentación de la entidad tramitada, en parte, a base de cuestionarios que remitieron a los comerciales.
