La asesoría jurídica de la Xunta le ha propuesto a la comisión gestora de la Cámara de Lugo y a la Dirección Xeral de Comercio, que es su órgano tutelante, que «valore a conveniencia» de poner la documentación contable de la entidad lucense en conocimiento de la Fiscalía para que esta determine si se pudo incurrir o no en algún tipo de infracción penal. Pero no señala a ningún responsable de la agónica situación económica a la que ha llegado.
Así aparece recogido en un dictamen jurídico elaborado a petición de la Dirección Xeral de Comercio. Esta le consultó si la «situación obxectiva de insolvencia» por la que, a su juicio, atraviesa la entidad lucense podía conducir a la declaración de concurso de acreedores y si puede recaer algún tipo de responsabilidad en los funcionarios de la Xunta que fueron designados para formar parte de la gestora.
Constituida la junta electoral
La administración autonómica continúa dando pasos para la celebración de los comicios en la Cámara el próximo 9 de enero, pese al recurso presentado por un grupo de empresarios contra la confección del censo. Ayer se constituyó la junta electoral, que está integrada por tres miembros nombrados por la Dirección Xeral de Comercio y por otros tres designados por sorteo entre los 530 electores.