La condición de indignado, tan extendida en los últimos meses, adquiere todo su significado en la persona de Manuel Rey y su esposa, Delia. Tras lo vivido en el último año, con gusto se llevarían por delante el sistema judicial y económico. Y no es para menos. Tras recuperar por mandato judicial la casa que compraron hace unos años en la Rúa Lamas de Prado y que una familia ocupó ilegalmente durante diez meses, el matrimonio se encuentra ahora con que la compañía de seguros se niega a pagarle los daños porque no tiene la total certeza de que no los provocaran ellos mismos.
«Nos dicen que pudimos haber alquilado nosotros la casa, o haber llevado los muebles a otra...», afirma Delia llena de rabia. Su historia, sacada a la luz por El Progreso. ocupó páginas de periódicos y minutos de televisión por lo grotesco del caso, ya que una jueza archivó una primera denuncia arguyendo que no era posible conocer la identidad de los okupas. Sin embargo, estos no tuvieron problema en dar su versión -que un hombre les había alquilado la vivienda- a este diario, que además fue testigo de la recuperación del inmueble y del estado en el que lo encontraron los dueños: desvalijado, lleno de basura y muy dañado, con mármol y cristales rotos, el suelo rallado, muebles destrozados...
La compañía de seguros, sin embargo, tiene sus dudas, tal como explicó a Manuel y Delia, que se desplazaron esta semana desde León, su domicilio habitual, para reclamar lo que consideran que es suyo. «Nos dieron 1.800 euros, una limosna, cuando tenemos asegurada la casa desde hace años en 72.000 euros, 60.000 por el edificio y 12.000 por los muebles. Y cada año subiéndonos la póliza», asegura Manuel. La compañía rehusó dar su versión porque el responsable de la oficina de Lugo está ausente estos días, según informó un empleado.
Manuel y Delia creen que actuaron correctamente, ya que contactaron con la aseguradora para que enviara a alguien el día del desalojo, por lo que ahora no entienden por qué les dice que tendrían que haber denunciado el robo y los daños en ese momento. «Ese día estuvo una persona que mandó la compañía y, tras ver cómo estaba aquello, nos dijo que podíamos sacar la basura y limpiar. Si veía que hacía falta denunciar, ¿por qué no nos lo dijo?», pregunta el matrimonio, que no sólo ha perdido bienes, sino un hogar.
«La casa está limpita y cerrada, pero no tenemos ánimo a arreglarla. Lo del último año nos fue a la salud y todavía nos estamos recuperando», cuenta Delia, que al igual que su marido, que tuvo que ser hospitalizado, sobrepasa de largo los setenta años. Lo que peor lleva es que los okupas se hayan ido sin castigo -«saldrían de mi casa y se irían para otra», vaticina-, aunque no menos doloroso es tener una casa y no poder usarla, dice. «Ya no podemos pasar el verano en Lugo, y si venimos tenemos que quedarnos en casa de parientes», cuentan.
