Julia Luengo Edrosa, una lucense de 23 años de edad, se quedó atónita cuando el pasado enero el Servicio Público de Empleo Estatal le comunicó por carta que le iban a suspender la prestación por desempleo durante tres meses.
Según el Inem, la joven había rechazado un trabajo, un hecho que, según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, constituye una infracción grave y está penada con noventa días de suspensión del paro.
En la carta que recibió Julia, el citado organismo ponía en su conocimiento que cursaría la baja temporal de su prestación con fecha de 21 de enero de 2009, y que disponía de un plazo de 15 días para presentar las alegaciones que considerara pertinentes.
Sin dudarlo un momento, la joven recurrió la propuesta de suspensión, ya que, según dice, fue la empresa que ofrecía el puesto —un hotel de la capital lucense— la que no quiso contratarla al considerarla "incompatible".
"Me llamaron para hacer una entrevista de trabajo y no dudé en acudir. Una vez allí, la encargada del hotel me atendió y concluyó que no era la persona adecuada para el puesto, así que cubrió el impreso del Inem y rellenó la casilla de ‘no admitido’, escribiendo al lado la palabra incompatibilidad", explica.
La chica regresó a las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal y entregó el papel a un funcionario al cargo de la sección de ofertas quien, según su versión, cubrió sin su permiso la casilla reservada a las manifestaciones del candidato con la frase: "no tiene medio de transporte".
"Cuando me llegó la carta del Inem diciendo que yo había rechazado el empleo no me lo podía creer, así que acudí a las oficinas y al hotel donde hice la entrevista de trabajo. Una vez allí, el propio director del establecimiento me firmó un papel en el que decía que no me contrataron porque mi actitud les hizo creer que no tenía interés en el trabajo, pero que yo no lo rechacé. Además, añade que la empresa no se hace responsable del comentario sobre la falta de medio de transporte, ya que allí no escribieron tal cosa", señala la joven.
Juzgados
A pesar de presentar las alegaciones correspondientes, el Inem consideró que las mismas "no desvirtúan las causas que dieron lugar a la suspensión", por lo que decidió retirarle el paro entre el 21 de enero y el 20 de abril del presente año.
El organismo le comunicó además que, transcurrido ese periodo, "le será reanudada de oficio la prestación, siempre que mantenga la situación de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de empleo".
Tras esta comunicación, Julia Luengo mostró de nuevo su desacuerdo, por lo que este martes por la mañana se celebró un acto de conciliación en los juzgados lucenses. "Y del Inem sólo se presentó un abogado", señaló. Al no llegar a ningún acuerdo, la joven asegura que recurrirá a la vía judicial. "Tengo hasta el 27 de abril para presentar una denuncia en el juzgado de lo Social y no voy a dudar en hacerlo porque esto es inadmisible". Además, explica, "recientemente encontré trabajo en otro hotel de la ciudad que está todavía más alejado que el otro y no lo rechacé por no tener vehículo. Es ridículo".
Finalmente, Julia asegura que tiene conocimiento de otros casos similares al suyo. "He visto los papeles de otras seis personas a las que este funcionario les cubrió la misma casilla que a mí, alegando diferentes motivos, por lo que les retiraron la prestación", asegura. "A toda la gente que le haya pasado algo así le recomiendo que recurra sin dudarlo a la vía judicial y que no se quede de brazos cruzados", concluye.
