Fue ponente de la ley que desarrolló el proceso autonómico en España y dos veces ministro con Felipe González (de Administración Territorial y Justicia). Mañana analiza la nueva ley del sector público local en el encuentro de cooperación con los ayuntamientos de la Diputación.
Ley de racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. ¿Con ese nombre no se acusa en cierta manera a los ayuntamientos de despilfarradores?
Da la sensación de que la culpa de la crisis se debe al despilfarro de las administraciones públicas y, en este caso, de las locales. Naturalmente se pueden mejorar las cosas, pero hay ahí una especie de prejuicio. Y se oculta que la crisis tiene un origen de carácter financiero. También Europa de alguna forma se está lavando la cara, porque buena parte de la crisis tiene que ver también con la falta de reacción europea, con la falta de instrumentos, como un banco central que pudiera actuar como actuó en Estados Unidos, Reino Unido o Japón.
Los alcaldes llevaban años pidiendo una reforma, ¿pero el hacerla en un contexto de crisis feroz no la desvirtúa?
Parece que la culpa es de la administración local, y yo diría que desde luego no lo es. Se parte de algunos prejuicios, que en teoría económica pueden estar bien, como que cuanto más grande sea el beneficio, menos coste tienen los servicios; que a una gran ciudad la recogida de basura le cuesta menos -en la medida en que se aprovechan mejor los instrumentos- que a un pequeño municipio, donde no hay esas economías de escala. Pero la realidad española es que el municipio más endeudado es Madrid, por lo que la economía de escala hay que tomársela con cuidado, hay que ver la realidad de los municipios. Da la impresión de que los municipios sobran, los pequeños especialmente, y de que tienen que ser sustituidos por las diputaciones. Yo creo que habrá que ayudar a esos municipios, buscar otras fórmulas. Y lo que no puede ser es que se adopte una legislación de estabilidad y sostenibilidad financiera, como se adoptó en España primero con la reforma constitucional y luego con la autonómica que la desarrolla, y, sin esperar a que se apliquen esas medidas, se empiecen a hacer unas reformas que yo creo que ponen en cuestión la autonomía municipal.
Se potencian las diputaciones en un momento de debate sobre la reducción de entes.
Yo creo que las diputaciones tienen un papel que hacer. No soy partidario de su supresión. Sí de la disminución de los puestos representativos o del doble pago a quienes los ocupen. Hay fórmulas que permitirían evitar que sean una carga excesiva. Sin embargo, en la nueva ley hay una predisposición a que la diputación sustituya al ayuntamiento pequeño, que va a quedar despejado de ese valor representativo democrático. Si se le quitan las competencias, da la sensación de inútil. A mí ese paso a la diputación de muchas competencias, con carácter prevalente a las mancomunidades, me parece que es desafortunado. Por otra parte, las diputaciones no van a tener suficientes medios para asumir esos servicios y los van a privatizar, y no va a quedar margen a los órganos electos y representativos para gestionar los intereses de su comunidad. Yo creo que la Ley de Sostenibilidad Financiera era suficiente para limitar los excesos de los ayuntamientos.
¿Esa privatización puede mejorar o poner en riesgo la calidad de los servicios?
No significa que el servicio vaya a ser malo, pero ya sabemos que cuando las cosas vienen mal dadas y empiezan a no ser rentables, al final el sector público tiene que ir al rescate.
