LA CAPACIDAD DE respuesta de una administración ante las quejas vecinales es directamente proporcional al interés por atenderlas que pongan sus gestores. El cortoplacismo es norma en política y por ello cuando aparece un conflicto que precisa de sentarse muchas horas a la mesa para buscar una solución, los gobernantes suelen aplazar sine die la resolución.
Esto es precisamente lo que ocurrió con las quejas que desde el año 2005 llevan planteando un grupo de vecinos del parque Rosalía de Castro, que cansados de que las calles del entorno se convirtiesen en una especie de campo de refugiados durante dos semanas al año, pidieron por activa y por pasiva que se tomasen medidas para reducir los efectos de la implantación de tómbolas, chiringuitos y carruseles.
La respuesta siempre era la misma: las fiestas han estado ahí toda la vida y ustedes sabían lo que había desde el momento en que se hicieron residentes de la zona.
Sin embargo, esa inamovible administración y sus políticos autistas se toparon el pasado año y en medio del ajetreo de la organización festiva con un auto judicial que daba la razón a los afectados y ordenaba aplicar la ordenanza de contaminación acústica para rebajar el ruido del ferial.
La medida pilló a ramistas y barraquistas a contrapié, y aunque se tomaron medidas para rebajar el nivel de ruido, para los afectados no fue suficiente y siguieron adelante con el proceso judicial. Así, esta semana se supo de la presentación formal de la demanda definitiva contra el Concello por supuesta vulneración de sus derechos constitucionales, al no haber logrado aminorar las molestias que les causa el recinto ferial, el cual piden sea trasladado a otra zona de la ciudad.
La respuesta del gobierno local, la oposición y varias asociaciones de hosteleros y vecinos fue la defensa de la actual ubicación, aunque algunas voces como el PP abogan por el diálogo con los demandantes para evitar que una decisión judicial obligue a buscar un nuevo recinto ferial y acabe por arruinar las que se han convertido en las fiestas patronales más populares de Galicia.
Los afectados advierten de que no es la primera vez que los tribunales obligan a reubicar feriales y citan eventos de tanta tradición como los Carnavales de Tenerife o la Semana Negra de Gijón.
Los argumentos de los demandantes son bastante contundentes y como no haya negociación puede darse el caso de que el recinto ferial acabe tan desangelado como el año en el que los barraquistas boicoteraron las fiestas.
La pregunta del millón es qué debe prevalecer, el derecho al descanso de unos pocos o los beneficios para la ciudad de unas fiestas del tirón del San Froilán. Antes de que los tribunales se decidan a resolver la duda, los 25 concejales que los lucenses designaron para representarles deberían ponerse ya a trabajar para buscar un plan B, porque a pesar de que hay otros asuntos que preocupan, como la situación económica de muchas familias, sería bueno tener la fiesta en paz el próximo octubre.
Las fiestas dejan daños en un Parque que está a la espera de protección
El Progreso 15/10/2009
La actual ubicación del recinto ferial no solo afecta a los vecinos.
