EN LAS ÚLTIMAS convocatorias electorales hemos asistido a espectáculos absolutamente bochornosos como consecuencia de la falta de rigor a la hora de controlar la participación de los emigrantes y de sus múltiples descendientes en los comicios. Como mínimo, es discutible que unos señores que no conocen Lugo puedan decidir con sus votos qué alcalde gobernará durante cuatro años a los nativos que vivimos aquí, pero es todavía peor e invita al sonrojo colectivo que lleguen a la Audiencia Provincial las papeletas de personas que pasaron a mejor vida, algunas acompañadas del correspondiente certificado de defunción.
En clave electoral, hasta los ateos y agnósticos tienen que reconocer que había un montón de vida después de la muerte. Sin ir más lejos, en las últimas elecciones generales, los familiares de un lucense que había fallecido 18 años antes en Argentina pensaron que el venerable difunto no había perdido aún el derecho eterno a votar. El asunto es para morirse de risa o ahogarse en llanto, en función del carácter de cada uno.
De todas formas, casos de ese tipo no son más que anécdotas dentro de la sinrazón de un sistema electoral que permitía la ingerencia de personas que nunca habían pisado esta tierra en los asuntos domésticos, hasta el punto de que su peso específico en el censo electoral podía decantar la balanza a favor de unos u otros. Lo más triste es que ese modelo fue alentado durante años por algunos políticos, hábiles pescadores de votos que echaban sin pudor el anzuelo, cebado con carnaza, en el caladero de la emigración. Seguramente, no es casualidad que el apoyo de la diáspora favoreciese casi siempre al partido de gobierno.
En las elecciones locales de mayo, por primera vez, los gallegos que viven en el exterior no podrán votar. La decisión adoptada no es menor. La provincia de Lugo pierde a 49.991 electores, una cifra que representa poco más del 14% del censo, formado en estos momentos por 299.129 personas. Por otra parte, el día 22 también se hará justicia con algunos de los extranjeros que viven entre nosotros desde hace más de cinco años, porque tendrán la oportunidad de expresar su opinión sobre aquellos que deciden cosas importantes para su vida diaria. Lamentablemente, no todos podrán hacerlo, porque las chapuzas todavía no se han acabado.
Sólo podrán participar en las elecciones los ciudadanos europeos y los nacionales de los nueve países con los que España ha llegado a acuerdos. Los demás se quedarán con las ganas. Sobre un censo de 1.182 extranjeros, sólo 75 extracomunitarios han hecho los trámites necesarios ejercer su derecho.
Parece que no hay manera de hacer las cosas bien y de organizar el sistema electoral, de una vez por todas, de una forma coherente. No parece tan difícil. Somos los que somos y estamos los que estamos. Así de sencillo.
