Un hombre, que responde a las iniciales J.L.D.F., compareció ayer ante la Audiencia Provincial de Lugo para responder por un delito continuado de apropiación indebida y otro delito de carácter societario, por el que el fiscal le solicita cinco años de prisión. El imputado está acusado de haberse apropiado de 161.400 euros de la firma de compra-venta de coches que administraba.
La vista oral comenzó a celebrarse ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo. En la vista compareció también la esposa del acusado, a la que la acusación particular considera autora del delito societario.
J.L.D.F., según el escrito del fiscal, fue nombrado administrador único de la sociedad Coches Lugo, cuyo 95% de las acciones poseía la persona que ejerce la acusación particular. En seis meses, el imputado, al parecer, gestionó la compra de más de una decena de coches de segunda mano con una importante firma del sector, Guarantycar Sau. Para ello, Coches Lugo ingresó diversas cantidades en un número de cuenta, que resultó pertenecer a la sociedad Docasal Pereira, de la cual eran socios el acusado y su esposa.
En seis meses, y a través de diversas transacciones con Guarantycar Sau y con varios particulares, J.L.D.F. se hizo con al menos 161.400 euros. Según el fiscal, incluso hizo extender a su nombre los pagarés que obtenía por la venta de los automóviles.
Según parece, en un determinado momento incluso llegó a reconocer ante los propietarios de Coches Lugo que él era el responsable de la desaparición del dinero e incluso firmó un documento en el que lo reconocía y prometía devolverlo en breve plazo. Pese a que el documento se aportó a la causa, incluso con las fotocopias de los pagarés a su nombre, el acusado indicó que fue amenazado para que lo firmara.
Penas
La Fiscalía solicitaba en su escrito una pena de cinco años de prisión por el delito de apropiación indebida, o una pena subsidiaria de tres años por el delito societario. No considera que su esposa sea culpable.
No obstante, la acusación particular, que se sumó a la petición de penas del ministerio fiscal en el caso del acusado, considera que la mujer es al menos culpable del delito societario, por el que pide tres años y seis meses de prisión, o al menos que se la considere cómplice y cumpla una pena de nueve meses.
La vista oral fue ayer aplazada hasta el próximo jueves, ya que la defensa renunció a todos los testigos que había propuesto y sólo mantuvo a uno que precisamente no pudo acudir ayer al juicio.
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