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Rábade atribuye a una urgencia la llamada teléfonica por la que fue imputado

Poco más de cinco minutos duró la declaración como imputado del concejal de Réxime Interior e Protección da Comunidade de Lugo, José Rábade, ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de la capital lucense, a raíz de la investigación judicial abierta para aclarar la existencia de presuntas irregularidades en la tramitación de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Después de su breve declaración —aunque tuvo que esperar más de una hora para ser recibido por la jueza—, Rábade explicó a los medios de comunicación que el motivo de su imputación fue una multa que le pusieron por ir hablando por el móvil mientras conducía, el 24 de octubre de 2007. El concejal aclaró que tenía pensado recurrir esa multa cuando le fuese enviada, dado que al ser el máximo responsable de la Policía Local, Protección Civil y los Bomberos de Lugo tenía la obligación de responder a esa llamada, pero la sanción nunca le fue comunicada.

Rábade pensaba que en el recurso podría justificar su comportamiento, dado que la llamada fue efectuada "por una urgencia" derivada de su propia responsabilidad como encargado de los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Lugo, pero nunca recibió comunicación de la sanción, porque el anterior jefe provincial de Tráfico, Julio Gónzalez, le aplicó por decisión propia "la exención aplicable a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en razón de mi trabajo", precisó.

"Soy un ciudadano como todos, no quiere eximirme de nada y mis sanciones administrativas las pago como todo el mundo", dijo Rábade, quien también recordó que su "forma de estar en la política es de absoluta transparencia". Además, subrayó que procura "respetar las normas", pero a veces, por la responsabilidad de su cargo, se ve obligado a "calibrar la urgencia de las llamadas".

En la misma línea, reiteró que su cargo está a disposición del propio alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, y de sus compañeros de partido, aunque dejó claro que, conocido el motivo por el que fue imputado en el caso, "no procede" dimitir. "Si en algo he pecado, pido disculpas a los ciudadanos", concluyó Rábade.

El abogado que lo representa, Francisco Fernández Montes, recordó que la propia legislación "prevé la exención para las personas relacionadas con los cuerpos y fuerzas de seguridad", por lo que "no hay una infracción". A su juicio, el caso "no da más de sí", porque el "sobreseimiento de esa sanción fue debido a la existencia de una normativa que se aplica", y que sería la misma que hubiese esgrimido Rábade si hubiese presentado el correspondiente recurso.

Rábade atribuye a una urgencia la llamada teléfonica por la que fue...
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