Me cuesta reconocerlo, pero mi madre estaba en lo cierto cuando se negaba a tirar los yogures caducados. «Cómetelo y calla, que no pasa absolutamente nada», decía. Y ahí está el Gobierno dándole la razón.
Después de tantos años pasando por alto la fecha que figuraba en la tapa, ahora por fin tiene un motivo oficial para ignorarla por completo y seguir con su filtro particular, que consiste en abrir el yogur, comprobar que no tiene moho, olerlo, y probar una pizca para ver si pica. Si el lácteo supera la prueba ya no es necesaria más información.
Como ella, millones de madres llevan años imponiendo en casa su propio plan antidespilfarro, por lo que la medida anunciada por el Gobierno -que sustituirá la fecha de caducidad por otra de consumo preferente-no les aporta nada nuevo.
Por no hablar de las abuelas, ya que sus capacidades van todavía más allá y no necesitan ni probar el yogur para saber si pica. Con un simple vistazo tienen más información de la que pueda ofrecer cualquier etiqueta activa.
Las abuelas tienen esas cosas, además de otras muchas bastante curiosas. Por ejemplo, suelen gritar más por teléfono si llamas desde Madrid que desde Lugo, usan de costurero la caja de lata azul de las galletas danesas y cuando te acabas el plato de cocido te preguntan si quieres un filete. Pero curiosidades a parte, nadie mejor que ellas para saber si un yogur está apto o no para el consumo.
La mayoría de las abuelas no saben lo que es el despilfarro, un concepto que lleva años oculto en medio de una sociedad de consumo que nunca se puso límites. De hecho, aprovechar la comida de un día para otro o llevarse las sobras de un restaurante siempre fue cosa de pobres. Y así estamos, en el sexto lugar del ‘ranking’ de países de la Unión Europea que más comida desperdicia. Por la cuenta que nos tiene, ya iremos bajando puestos.
