cada tres meses, el Sergas hace públicos los datos de listas de espera y, cada tres meses, gran parte de los que las integran entran en cólera o en un profundo estado de incomprensión. Nadie parece verse reflejado en los números que explican los gerentes de cada hospital.
Pese al aparente ejercicio de transparencia que supone comunicar regularmente los tiempos de espera, un paciente al que le dicen que tiene que ser operado no puede predecir a la luz de esos datos cuánto tardará en recibir la cirugía. En realidad, aunque la nueva ley de garantías fije que nadie deberá esperar más de dos meses por una intervención o más de 45 días por una consulta o prueba, tampoco lo hará una vez que entre en vigor.
Las razones son fundamentalmente dos: una, lo que son realmente los datos que se hacen públicos; otra, lo que se da en llamar, según el foro del que se trate, gestión o maquillaje de listas.
Pendientes de la nueva ley
Hasta ahora, el Sergas garantizaba por ley que sus pacientes serían operados antes de 180 días. Si pasados seis meses desde su inclusión en la lista no se les daba la oportunidad de ser intervenidos, tenían derechos a elegir el centro en el que hacerlo, incluso aunque fuera privado, y a que se les reembolsase el importe que pagaban por esa operación.
Con la nueva ley de garantías, aprobada a finales del año pasado, se pretende asegurar que se ofrecerá a todos los pacientes en lista una operación antes de que pasen dos meses y las consultas y pruebas, antes de 45 días.
