Vivimos en una sociedad de clases. Los daños colaterales provocados por la recesión económica ensanchan cada día más la enorme brecha que existe entre aquellos a los que no les falta de nada y los que carecen de casi todo. Un reciente informe de Cáritas pone de manifiesto que España es el país de la UE con más diferencias entre ricos y pobres. Ni los notables progresos que hemos alcanzado en las últimas décadas en materia de protección social y servicios públicos pueden ocultar la realidad. Además, en los últimos tiempos nos hemos percatado de que ni siquiera esos avances son irreversibles cuando vienen mal dadas.
Curiosamente, los resultados de ese informe de Cáritas se hacían públicos el mismo día en el que el ministro de Economía, Luis de Guindos, hablaba en el Congreso de la posibilidad de que las entidades financieras adoptasen «voluntariamente» un código de buenas prácticas, que incluyese la posibilidad de saldar las deudas hipotecarias de las familias con la entrega a los bancos de las viviendas embargadas.
Los desahucios por impago de los créditos han aumentado algo más de un 20% en Lugo en el primer semestre del pasado año. En el último trimestre de 2011, más de seiscientas familias fueron objeto de un proceso de ejecución hipotecaria en esta provincia y casi doscientas tuvieron que pedir ayuda a Cáritas para poder sobrevivir, porque carecían de los ingresos necesarios para pagar sus viviendas o abonar los recibos de servicios básicos, como luz o agua.
No hay motivo para cuestionar la buena intención del Ejecutivo. Como el valor a los reclutas que hacían el servicio militar, se le supone. Sin embargo, los políticos no pueden emplear en las propuestas que formulan en sede parlamentaria la misma letra pequeña que utilizaron las entidades financieras en sus contratos. La denominada dación de pago, que consiste en entregar la vivienda para saldar el crédito hipotecario, se contempla como una medida excepcional, para familias con bajos ingresos, sin más patrimonio y con todos sus miembros en paro. Personas que recibirán una bocanada de aire, pero seguirán con el agua al cuello.
Por otra parte, el Gobierno bonificará a los bancos que se acojan a ese código de buenas prácticas, pero la última palabra siempre será de las entidades financieras, que en este momento se muestran bastante más dispuestas a deshacerse de los pisos que han embargado que a absorber más propiedades inmobiliarias.
Así, a palo seco, parece un parche. El sistema seguirá siendo perverso. La mayoría de las familias que no puedan hacer frente a las cuotas perderán sus casas. Además, tendrán que seguir pagándole la hipoteca a una entidad financiera que, seguramente, recibió ayudas públicas financiadas con sus impuestos. Al final, pase lo que pase, pierden los de siempre.
La escasez de lluvias deja una estampa del Miño impropia de esta época del año
A nadie le amarga un dulce. Se agradece la posibilidad de pasear por la ribera del Miño a mediados de febrero en un día soleado y con una temperatura más que agradable. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones comienza a ser preocupante. Desde la orilla casi puede verse el lecho del río. Un invierno seco puede dar paso a un verano complicado. ponte
