La ley de ayuda a la dependencia entró en vigor en 2006 y, desde entonces, más de 1.500 lucenses murieron mientras esperaban una resolución sobre su solicitud de asistencia. Y es que, según los cálculos de la Xunta, el 11 por ciento de los gallegos que solicitaron algún tipo de ayuda por dependencia falleció sin haber recibido una respuesta a su petición.
En los tres años que la ley lleva en vigor, más de 14.000 lucenses han solicitado algún tipo de prestación por dependencia y de esas peticiones sólo se resolvieron algo más de 4.000.
Según dicta la ley, una vez realizada la solicitud el plazo máximo para resolver la petición es de doce meses, umbral que habitualmente se supera. En Lugo el plazo medio de espera por una respuesta a la solicitud es de casi un año y medio, un tiempo extra que supone un verdadero problema para quien necesita atención especializada durante 24 horas al día y para el que prestación permitiría afrontar el coste de una residencia.
Belén Porto, trabajadora social, asegura que los plazos de espera de los dependientes son «excesivos» y tendrían que «acortarse». «Estas personas necesitan estar atendidos todo el tiempo y no pueden esperar tanto para a saber si les dan la ayuda o no», dice.
La mayoría de las familias no pueden prestar toda la atención necesaria a los dependientes, por lo que se ven obligadas a rascarse el bolsillo para que sus familiares vivan en una residencia. «Por lo general, la gente tira de los ahorros que tiene mientras no se les concede la prestación por dependencia. Por lo que he visto hasta el momento, ese dinero les permite pagar instalaciones privadas durante dos o tres años, que, habitualmente, es el tiempo que la Administración tarda en conceder la prestación», comenta Porto.
Reducir plazos
Para romper con esta dinámica, la Xunta se ha propuesto disminuir los plazos de espera. Para ello, Beatriz Mato, conselleira de Traballo e Benestar, presentó una reforma de la ley vigente, con la que pretende reducir el tiempo de espera de doce a seis meses. El objetivo del nuevo decreto es agilizar la tramitación, avanzar en la prevención de la situación de dependencia y garantizar la eficacia de los procedimientos de valoración.
Sin embargo, el mayor problema al que se enfrenta la Xunta no es el plazo de espera, si no el elevado número de dependientes. En el momento en que la ley entró en vigor se produjo una avalancha de solicitudes, más de las esperadas por la Administración, por lo que las peticiones se acumularon, con los consiguientes retrasos en la concesión. «Hubo cierto grado de desconocimiento por parte de las autoridades de lo que iba a ocurrir. Cuando aprobaron la ley se encontraron con que hubo una gran avalancha de solicitudes. Se les fue de las manos. De ahí se desprenden los retrasos en la concesión», sentencia Porto.
