Lugo es la provincia gallega que más está notando en 2012 el tijeretazo que están aplicando las administraciones en las inversiones en obra pública. En los dos primeros meses de este año se licitaron proyectos por un valor de 3,2 millones de euros, lo que tan solo supone el 3,06% de las partidas de toda Galicia, que ascendieron en ese período a 105 millones, según los datos facilitados ayer por la Federación Gallega de la Construcción.
La inversión en obra pública en la provincia de Lugo disminuyó un 78,05% con respecto a los dos primeros meses del año pasado, en los que se habían destinado 14,6 millones.
En enero y febrero pasados el Estado no licitó ningún proyecto en Lugo. La Xunta solo destinó 145.000 euros -4,1 millones menos que en el mismo bimestre de 2011- y la Diputación Provincial 120.000 euros -siete millones menos-.Solo la USC y otras entidades públicas aumentaron sus partidas, casi dos millones -unos 600.000 euros más-.
Los ayuntamientos aprobaron obras por un millón de euros, un tercio menos que en 2011. Según los datos de la Federación Gallega de la Construcción, solo dos de las 67 corporaciones municipales de la provincia, Lugo -con 949.950 euros- y Castro de Rei -con 79.288,87 euros-, licitaron obras.
A nivel gallego la inversión cayó un 43’56%, al pasar de los 186 millones de enero y febrero de 2011 a los actuales 105, de los que 85 han ido a parar a la provincia de Pontevedra. El Estado ha mantenido el nivel de gasto, pero el de Xunta, diputaciones, concellos y universidades y otros disminuyó entre un 67 y un 80%.
Deudas
El sector ha acogido con «satisfacción» el compromiso de la Xunta de que en el próximo mes de abril tendrá saldadas sus cuentas pendientes con las constructoras, tal y como le comunicó el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, al presidente de la Federación Gallega de la Construcción, el lucense Hipólito Trinidad. A partir de esa fecha se espera que la demora de los pagos sea inferior a los 45 días.
La patronal gallega también valora que el Gobierno central apremie a los Concellos para liquidar sus deudas con los contratistas, si bien exige que se abonen íntegramente, sin aplicar quitas.
