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Lugo, el lugar donde sí pasaba algo


Estela San José y Pilar de Lara destaparon en tres años media docena de casos de corrupción en la ciudad donde nunca pasaba nada. «Lugo estaba en el siglo XIX y lo vamos a poner en el XXI», se les oyó decir y, a juzgar por sus investigaciones, llevan camino de conseguirlo. Caiga quien caiga.

hace ahora tres años, Estela San José y Pilar de Lara eran dos juezas desconocidas, dos recién llegadas a una ciudad tranquila, donde se cumplían los tópicos habituales de este tipo de lugares. Todo el mundo se conoce y la vida discurre sin sobresaltos. Pero no era así. A finales de 2008, Estela San José se convirtió en jueza estrella a su pesar -al parecer, no le gusta tal denominación- cuando intervino las oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico para destapar el primero de los grandes casos de corrupción.

Aunque el fiscal Izaguirre había registrado en mayo de 2006 la Diputación Provincial en la llamada operación Muralla (hoy aún irresoluta) y la propia San José desarrolló la operación Pollo con decenas de detenidos por explotación laboral unos meses antes, la investigación sobre la supuesta retirada de multas de tráfico se convirtió en la primera de las grandes redadas contra la corrupción. Por el juzgado número tres pasaron numerosos beneficiados por la anulación de sanciones, desde políticos hasta sacerdotes, con dos imputados como principales destacados, el jefe provincial del organismo y el subdelegado del Gobierno. Ambos dejaron sus puestos. La misma jueza investigó después un caso similar en la Policía Local.

Sin embargo, el salto a los medios de comunicación de ámbito nacional se produjo a raíz de la operación Rey, con la detención del exalcalde socialista de Castro de Rei y tres concejales por un supuesto caso de adjudicación irregular de obras.

Con las escuchas telefónicas como principal arma, la magistrada asestó este año el golpe definitivo. La caída de Jorge Dorribo y su imperio farmacéutico, a consecuencia de una investigación sobre tráfico de influencias para conseguir subvenciones, lleva camino de convertirse en una de las macrooperaciones judiciales más importantes de España.

La implicación de dos políticos autonómicos como Fernando Blanco (BNG) y Pablo Cobián (PP) y, sobre todo, del ministro socialista José Blanco hacen que el caso se salga de su jurisdicción, lo que supone ya hoy un empujón para su carrera, porque buena parte de la judicatura nacional está fijando sus ojos en ella. Y todo esto cuando su juzgado es el que se encarga de los delitos de violencia de género, con el volumen de trabajo que supone.

Decenas de tomos

Pilar de Lara no abrió tantos asuntos como su compañera, pero solo la operación Carioca suma tantos tomos como varios de estos casos juntos. La trama investigada en el juzgado número uno, donde están imputados altos mandos de la Guardia Civil y de la Policía, hizo estremecer los cimientos de la ciudad. Proxenetas que campan a sus anchas, agentes con derecho de pernada, jefes de las fuerzas del orden que miran para otro lado, empresarios, hosteleros, constructores, médicos abortistas... Un submundo que afloró de repente ante los ojos de una sociedad acostumbrada a su plácida atonía.

La operación Carioca, cuyas primeras detenciones se realizaron en octubre de 2009, gira en torno a un cabo de la Guardia Civil y a un conocido empresario de los clubes de alterne, aunque tirando del hilo fueron cayendo otros agentes y sus jefes, y los jefes de sus jefes, hasta las máximas autoridades de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en Lugo, que declararon como imputados, al igual que el exsubdelegado, el mismo sobre el que recaen las sospechas en el caso de las multas.

El círculo se cierra con la investigación urbanística, sobre todo en relación con la paralización de las obras del edificio de O Garañón, ese monumento al boom del ladrillo. Fue ordenada en su día por De Lara, aunque esta instrucción se sigue ahora en el juzgado número dos.

De Lara y San José son la punta de lanza de la investigación contra la corrupción y durante estos tres años no siempre se sintieron respaldadas en sus actuaciones, tanto dentro de los propios muros de los juzgados como desde las fuerzas del orden que, además, están eventualmente a sus órdenes.

Las dos juezas tienen sus detractores, por razones obvias. Decenas de personas a las que imputaron, sus familiares y sus abogados no hablan precisamente bien de las causantes de sus problemas judiciales. El principal móvil de sus críticas se centra en que tienen todos los asuntos abiertos, lo cual es una evidencia. Ninguno llegó a juicio por ahora. Ni siquiera hay un solo escrito de acusación del ministerio fiscal.

Esta demora, además de ser relativa, no siempre es responsabilidad única de las magistradas. Además, tres años en los juzgados son un periodo relativamente breve si se tiene en cuenta que un expediente común -donde todo está claro o hay una autoinculpación- puede tardar al menos dos años en llegar a juicio. Ninguno de estos es un expediente simple, ni mucho menos. Todavía queda un largo camino y, por lo que parece, muchas sorpresas por descubrir.

MANIFESTACIÓN
El viernes, cita en la calle contra la corrupción

La recién creada plataforma contra la corrupción cita a los lucenses el próximo viernes, a las 20 horas, frente a la subdelegación del Gobierno -la marcha irá hasta los juzgados-, para protestar contra la corrupción y en defensa de las juezas De Lara y San José.

Convocantes

Esta plataforma la forman integrantes de la asociación en defensa del Parque y de Alpul, con varios casos de urbanismo denunciados, miembros del 15-M y, a título particular, la hermana de la cajera asesinada hace 17 años en O Ceao y un ciudadano que vela por el urbanismo (denunció los volúmenes del edificio del seminario).

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