Los propietarios de los 60 nichos de la ampliación ilegal del cementerio de San Salvador de Muxa que el TSXG ha ordenado vaciar de restos mortales y derribar en el plazo de 20 días buscarán detener la ejecución de la sentencia apelando a que algunos de ellos no recibieron ninguna notificación por parte del tribunal.
Los afectados por la decisión judicial ya han comenzado a buscar asesoría legal para tratar de retrasar una demolición que el concejal de urbanismo, Luis Álvarez, consideró como «incumprible» en el plazo dado por el TSXG. Así, fuentes consultadas explicaron que la falta de comunicación a algunos de los propietarios por parte del alto tribunal o de las diferentes administraciones puede ser un incidente que obligaría a paralizar el proceso legal y sobre este argumento podría basarse el recurso que seguramente presentarán los 60 propietarios.
