Los policías locales imputados a raíz de la investigación judicial para aclarar la existencia de supuestas irregularidades en la tramitación de multas de tráfico, por lo menos los que están afiliados al sindicato CSI-CSIF, comenzarán a declarar esta misma semana ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, según informó el despacho de abogados de Víctor Espinosa (A Coruña), que se ocupa de su defensa, a AGN.
Esas mismas fuentes precisaron que los policías han sido citados a declarar por la instructora del caso en calidad de imputados, aunque sólo se les atribuye un presunto delito de "tráfico de influencias", a la espera de las conclusiones que saque la propia jueza después de los interrogatorios y de la postura que adopte el ministerio fiscal.
Aunque algunas fuentes subrayan que el número final de imputados rondará las 150 personas, entre policías locales e individuos que se beneficiaron de la retirada de multas, otros informadores aseguran que en estos momentos es "imposible" determinar con exactitud la cifra de personas involucradas en este caso, porque todavía no han sido completadas las citaciones.
En principio, de los afiliados al CSI-CSIF, el policía que recibió la primera citación judicial prestará declaración el miércoles 20 de enero, a partir de las diez de la mañana, mientras que el segundo hará lo propio el viernes 22 de enero.
Por otra parte, fuentes oficiales vinculadas al juzgado de instrucción número 3 confirmaron que a día de hoy "no hay ninguna persona imputada formalmente en la causa", aunque previsiblemente lo estarán a medida que comparezcan ante la instructora para prestar declaración.
De hecho, a pesar de que los policías fueron citados a declarar en calidad de imputados, se hizo así para que contasen con "más garantías procesales", precisaron esas fuentes oficiales, dado que dispondrán durante la declaración de la "asistencia de letrado y procurador".
Las diligencias judiciales fueron abiertas para esclarecer la existencia de los supuestos delitos de "tráfico de influencias", "cohecho" y "prevaricación", según figura en el sumario, y las investigaciones contemplaron escuchas telefónicos e incluso un registro en las dependencias oficiales de la Policía Local, el 23 de junio de 2009, dirigido por la propia instructora del caso.
Negativa del gobierno local
Por su parte, el gobierno local de Lugo resumió su postura en un escueto comunicado remitido por su servicio de prensa, en el que afirma que el estudio del sumario por parte de los servicios jurídicos municipales "no permite emitir ninguna conclusión", a la espera de que continúen las "diligencias por parte de la jueza".
Sin hacer más aclaraciones, subraya que de las diligencias instruidas hasta el momento "no aflora ningún indicio" que haga pensar que en la lista de imputados está la concejala de benestar social e igualdade, Carmen Basadre, "sin perjuicio de que se proceda a un análisis más exhaustivo de la causa penal" o como "resultado de nuevas diligencias a practicar por la jueza instructora".
En todo caso, el alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, dijo, en declaraciones a la cadena COPE recogidas por AGN, que "todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Ese es un principio constitucional válido para todos. Tenemos que tener confianza en la justicia y en la Policía Local". "Siempre puede haber, como en todo, alguna persona que no actúe correctamente, y para eso está la justicia", concluyó.
