Los impagos amenazan la viabilidad de tres subcontratas de la sede policial

Nueva sede de la Policía Local en Montirón. (Foto: J. Vázquez)
photo_camera Nueva sede de la Policía Local en Montirón. (Foto: J. Vázquez)

Tres empresas lucenses ven peligrar su viabilidad por el impago de los trabajos que le encargó la firma coruñesa Construcciones Piedra y Sigras (CPS), adjudicataria de la nueva sede la Policía Local, y que superan los 350.000 euros. Los subcontratistas, que debían haber cobrado varios pagarés como un primer pago de estas obras, decidieron recurrir al juzgado tras enviar la constructora sendos burofax en los que les informaba de recortes en las cantidades acordadas, así como del aplazamiento en el abono.

Las empresas afectadas por los impagos son Aluminios Jucarma, que reclama unos 100.000 euros; Aislamientos Goñi, que tiene pendiente de cobrar más de 50.000 euros, y Luclimat, con otros 200.000 euros. Directivos de estas empresas mostraron ayer su malestar con la forma de actuar de la empresa coruñesa al tiempo que criticaron la actitud del Concello, ya que consideran que no ha defendido los intereses de las firmas lucenses, la primera de las cuales está en preconcurso de acreedores. «Vamos a tener que hacer un ERE porque no hemos cobrado el pagaré de 53.000 euros y aún nos quedan pendientes otros dos», asegura un directivo de una de las subcontratas.

Otro de los afectados, cuyas empresas trabajan por toda España, también criticó que la obra fuese adjudicada «rozando la baja temeraria», una circunstancia que cree que ha provocado ahora el impagos a los subcontratistas.

Por su parte, el portavoz de la constructora de la sede policial aseguró que piensa pagar todo lo que debe a las empresas lucenses, aunque discrepa con las cantidades reclamadas. «A Luclimat sí que le vamos a abonar los 200.00 euros, pero a las otras dos empresas ya les comunicamos que hay una rebaja por las mediciones realizadas y por las penalizaciones aplicadas», señaló el directivo de CPS. La empresa coruñesa advierte además que el Concello todavía le adeuda 850.000 euros, por lo que está a la espera de que los técnicos municipales den el visto bueno a la recepción de la sede policial para ingresar el último pago y ponerse al día con los subcontratistas.

Fuentes del Concello confirmaron ayer que falta por abonar el último plazo a la adjudicataria, por lo que advierten a las empresas afectadas que deben reclamar por vía judicial lo adeudado para «intentar que o xuíz dea instruccións para bloquear eses pagos».

Una obra de 3,1 millones que la constructora dice que se disparó a 4,7

El Concello presupuestó en 3,1 millones de euros la nueva sede policial, aunque la firma constructora asegura que el coste se ha disparado ahora hasta los 4,7 millones por los «errores» detectados en el proyecto arquitectónico.

La firma coruñesa CPS se adjudicó la obra en abril de 2010 por importe de 3,1 millones de euros, aunque ofertó invertir 1,2 millones más en mejoras para urbanización y equipamiento del edificio, además de reducir el plazo de ejecución a 11 meses. Sin embargo, un directivo de la adjudicataria explicó ayer que se vieron obligados a invertir gran parte de los 1,2 millones en la propia obra, «por lo que la única mejora prevista que pudo ejecutarse fue la galería de tiro», dijo. Además, añadió que en la fase final hubo que realizar reformas del proyecto por importe de 450.000 euros, «que el Concello no quería asumir y por eso nos paralizaron la obra el 15 de septiembre. Cuando en diciembre nos dieron permiso para reiniciarla ya fue imposible cumplir los plazos de entrega», añadió.

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