La Confederación de Empresarios de Lugo, junto con la Federación de Comercio y la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería, acusaron este jueves al Ayuntamiento de utilizar el Plan Especial de Protección de Reforma Interior (Pepri) como un "sistema recaudatorio".
Los representantes empresariales reaccionaron ante la decisión del Ayuntamiento de incoar de forma sistemática expedientes contra los comercios, los locales y los profesionales liberales de la zona histórica, que en su mayor parte derivarán en multas por cualquier elemento ornamental que no cumpla con las normas del Pepri, desde las placas de las fachadas hasta los toldos, pasando por las estructuras de los escaparates, la iluminación o los carteles. Estas multas, según adelantó el pasado 22 de octubre este diario, serán de 210 y 800 euros como mínimo, según los casos. Y hay decenas de expedientes tramitados, en especial en la calle Progreso y la Praza de Santo Domingo, que son las zonas por las que se ha empezado.
En un comunicado conjunto, la CEL y las asociaciones de hosteleros y comerciantes aseguraron que están recibiendo numerosas llamadas de sus asociados y mostraron su "absoluta indignación" por la actuación del Ayuntamiento. Califican de "desafortunada la actividad sancionadora desarrollada por el ente municipal durante los últimos meses intentando hacer valer una norma poco realista ya en su origen, y por cuya aplicación hasta el momento no se preocupó en absoluto, a pesar de que está vigente desde hace doce años".
"Esta actuación sancionadora", indica el comunicado, "viene a producirse, además, en un momento en el que las empresas están afrontando la peor crisis que se recuerda en décadas. Desde las administraciones no puede hablarse de apoyo a la actividad empresarial cuando a la hora de la verdad se utiliza una norma urbanística como sistema recaudatorio, imponiendo a las empresas sanciones sin sentido y obligándoles a acometer reformas que vienen a empeorar su situación en el momento en que más necesitadas están de ayuda".
La CEL y sus asociaciones integradas recuerdan que en el año 97, cuando se aprobó el Pepri, ya advirtieron al Ayuntamiento de que esa normativa suponía "graves obstáculos para la instalación en el casco histórico" de negocios, lo que iría en contra incluso del espíritu del propio Pepri, que es "potenciar el diseño y desarrollo de un plan de revitalización del núcleo histórico de Lugo". Recuerdan, además, que el propio Ayuntamiento reconoció estas carencias y la necesidad de reformar el plan, cosa que aún no ha hecho.
Los tres colectivos empresariales, que aseguran que el Ayuntamiento está actuando de forma arbitraria, informan de que solicitarán "una reunión urgente con los responsables municipales para dar solución inmediata a esta situación".
Cámara
Por su parte, Alfredo Mosteirín, presidente de la Cámara de Comercio, también mostró su desacuerdo con la medida, si bien aseguró que de momento la Cámara no había recibido queja alguna. De todos modos, adelantó que el tema se estudiará en la reunión del comité directivo del próximo jueves y mostró su seguridad en que "todo se acabará arreglando de la forma más pacífica posible". "Después de 12 años, cortar con una situación de golpe y porrazo y mediante sanciones no parece muy acertado", sentenció.
