NI SIQUIERA el intercambio de impresiones que mantuvo todo un portavoz parlamentario como el nacionalista Francisco Jorquera con la Policía puede robarle protagonismo a la imagen de ese día. Aunque el exsenador y último candidato del BNG a la Presidencia de la Xunta de Galicia fuese zarandeado y acabase rodando por el suelo para evitar el desalojo de una octogenaria en A Coruña, otros se quedaron con el papel principal. La negativa de los bomberos a intervenir y la instantánea de uno de sus efectivos subiendo al vehículo oficial con el cartel de la plataforma ‘Stop desahucios’ propiciaron un final de capítulo digno de una serie americana. Pasaron de actores secundarios a cabeza de cartel. De colaboradores necesarios de los supuestos villanos a campeones de la justicia. Eso sí, bajo amenaza de expediente disciplinario.
La situación de Aurelia Rey es conmovedora. No permite la indiferencia. Después de vivir durante tres décadas en una casa de renta antigua, en pleno centro de la ciudad herculina, tiene que enfrentarse a una orden de desahucio. Sus caseros argumentan que dejó de pagar dos mensualidades de 126 euros. Ella lo niega. A sus ochenta y cinco años, sin hijos ni familia cercana, teme al desarraigo. A verse obligada a hacer las maletas para dejar la casa y el barrio en los que ha pasado buena parte de su vida. Su caso deja poco margen para una escala de grises. Todo parece blanco o negro. A favor o en contra.
No es tan fácil posicionarse ante otros procesos de desahucio por impago del alquiler. Generalizar encierra cierta injusticia. El desalojo de una familia del lugar en el que vive es algo traumático. En realidad, es una circunstancia que implica siempre un drama humano. Suele ser el fruto maduro de la necesidad. Sin embargo, para no caer en la demagogia, también es necesario ponerse a veces en la postura del arrendador. Quizás, en algunos casos, su situación no sea mucho mejor que la de sus inquilinos. Habrá quien dependa de esos ingresos para mantener la propiedad o incluso para sostener a los suyos. Durante años, el ladrillo fue el plan de ahorro elegido por mucha gente. Una especie de seguro de vida para momentos difíciles. Unos tiempos que, por desgracia, hace ya rato que han llegado.
De la situación de Aurelia, en todo caso, llama la atención otra circunstancia. La cuantía de su subsidio. Es parte del problema y un ejemplo de la miseria con la que tienen que sobrevivir muchas personas mayores en Galicia. En Lugo, sin ir más lejos, la pensión media asciende a poco más de seiscientos euros. Hablamos de una provincia con unas 120.000 personas retiradas -un tercio de la población- y cuyos jubilados cobran las prestaciones más bajas, junto con los Ourense, de toda España.
Muchos de esos ancianos se ven obligados a hacer cuentas para malvivir. Deberían ejercer como asesores de cargos políticos e instituciones públicas. Seguro que con su magisterio algunos aprenderían unas cuantas lecciones de verdadera austeridad.
El Gobierno central tendrá que buscar el acuerdo para sacar adelante la reforma local
El segundo intento del Gobierno para sacar adelante la reforma de las administraciones locales provocó que alcaldes de distinto color político se pongan de acuerdo. Ven desproporcionados los recortes salariales que plantea. La Fegamp prepara ya alegaciones. Habrá que buscar un punto de encuentro. Ahora bien, las cosas no pueden seguir como ahora.
