Sorpresa fue ayer la palabra utilizada por todas las partes implicadas en la ampliación del Seminario de Lugo, después de que trascendiera que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), dependiente de la Xunta, envió al juzgado un informe en el que sostiene la existencia de varias irregularidades en la obra.
El Obispado mantiene, sin embargo, que en sus actuaciones se han regido por «un escrupuloso respeto por la legalidad vigente». Avanzó que hará un análisis más riguroso cuando disponga de la documentación relativa a la investigación judicial, ya que no tiene ninguna información al respecto, aseguró. El Concello y los arquitectos también aseguraron carecer de información.
El informe fue solicitado en 2009 por un juzgado lucense, que inició una investigación a raíz de una denuncia ciudadana en la que se alertaba de posibles irregularidades en la ampliación del edificio.
La Aplu advierte de que el nuevo edificio tiene cuatro plantas y bajocubierta cuando lo permitido son tres; no están permitidas instalaciones deportivas en esa zona -se construyó un polideportivo y varias pistas-; se incumplió la obligación de realizar excavaciones arqueológicas antes de dar la licencia de edificación, y que esta se dio antes de realizar el proyecto de compensación (reparto de cargas y beneficios), entre otras presuntas anomalías.
La Aplu explicó ayer, a través de su servicio de comunicación, que su papel en este caso se limita a responder a la petición del juzgado y descartó llevar a cabo cualquier medida para instar a la reposición de la legalidad ya que, en el caso del municipio lucense, esta función compete al Concello. La razón es que este Ayuntamiento no está adherido a la Aplu y, por tanto, las competencias de control de la legalidad urbanística corresponden a la administración local.
El Concello, por su parte, señaló que la tramitación del desarrollo urbanístico de esa zona -además de la ampliación del Seminario, se construyeron varias torres de viviendas- se realizó íntegramente antes de la llegada de José López Orozco a la alcaldía.
El concejal de urbanismo, Luis Álvarez, explicó que las licencias se concedieron en noviembre de 1998 y mayo de 1999. «Nós, coma quen di, non temos arte nin parte», afirmó el edil. Este recalcó que el Concello no recibió ninguna notificación judicial al respecto y descartó acciones municipales, al menos de momento. Sí confirmó que el Concello recibió solicitudes de documentación de la Aplu sobre ese desarrollo urbanístico, pero solo relativas a la ampliación del Seminario, no a las torres.
El edil explicó, además, que al revisar el expediente al gobierno local le sorprendió que las licencias fueron dadas «por motivo de urxencia» y que, en vez de solicitar un proyecto de compensación, se pedía al Obispado un compromiso por escrito de que participaría con 72. 000 euros. «Unha solución cando menos creativa», afirmó.
