La Tesorería de la Seguridad Social acaba de reclamar al Concello lucense, por derivación de responsabilidades, 1.167.000 euros en concepto de las deudas generadas por la sociedad mercantil Frimiño, antigua concesionaria de la gestión del matadero municipal, una medida que será recurrida por el ente local, según anunció la concejala de economía, Sonia Méndez. La edil recordó que desde que esta empresa se hizo con la concesión del servicio en 1989 realizó «reiterados incumprimentos», que la llevaron a tener contraída esta deuda con la Seguridad Social, además de adeudar otros 900.000 euros al Ayuntamiento en concepto de canon del matadero, tasa de agua e impuesto de vehículos. Ahora, tras haberse decretado el cese de la actividad y haber procedido al cierre, Méndez afirma que los servicios jurídicos municipales están realizando «múltiples actuacions» para intentar cobrar estas cantidades.
La concejala explica que se ha realizado una auténtica labor de investigación, ya que al frente de Frimiño no aparecía «ningún responsable legal», lo que permitió localizar a la administradora legal, así como a lo que Méndez definió como «administradores de feito», que eran los gestores que en la práctica asumían la vida diaria de la empresa.
Anunció que el Ayuntamiento exigirá responsabilidades a estos administradores y, sobre la reclamación de la Tesorería de la Seguridad Social, la concejala recalcó que se encuentran «bastante tranquilos», ya que sostuvo que hay «argumentos sólidos» para oponerse a la misma. Sonia Méndez especificó que el gobierno local pedirá que la Seguridad Social actúe contra los «administradores de feito» que gestionaron la empresa durante este tiempo.
En el caso de consolidarse la reclamación, la responsable de economía del Concello reconoció que supondría «un dano moi grave» para las arcas municipales, pero, insistió, «estamos tranquilos, xa que a xurisprudencia e distintos informes xurídicos dan a razón ás administracións en canto a que non son responsables das débedas das empresas que contratan».
Finalmente, Sonia Méndez dijo que «foi este goberno o que puxo fin á situación irregular e o problema creado polos gobernos do PP» y añadió que se trata de «un exemplo de como controlaban as concesións, xa que fixeron a vista gorda durante anos no pago do canon e as taxas».
De esta forma, la concejala trabaja de contrarrestar las críticas que en los últimos días lanzó el grupo popular al gobierno sobre el seguimiento de los contratos con empresas que realizan servicios para el Concello. Sin embargo, el concejal del PP Enrique Rozas denunció en rueda de prensa dos nuevos casos de firmas que trabajan para el Ayuntamiento con el contrato ya vencido, en concreto la que se encarga de la vigilancia de Frigsa y la que gestiona la piscina de As Pedreiras.
Rozas calificó como «escándalo inaudito» que siete de las 36 empresas -el 20%- que gozan de concesiones municipales se encuentran en situación «irregular e ilegal», por estar prestando el servicio sin contrato.
Además, este edil alertó de las consecuencias que conlleva esta «situación irregular e ilegal», ya que supone «un perjuicio económico», al constatar que una nueva adjudicación de los siete servicios podría rebajar los costes, así como la «vulneración» de la Ley de Defensa de la Competencia, porque, apuntó, «no se garantiza la igualdad en el acceso a los contratos públicos para todas las empresas».
La anterior concesionaria del servicio también adeuda 900.000 euros a las arcas municipales por el canon y varias tasas
