La corporación municipal de Lugo acordó este lunes por unanimidad que el dinero que se recaude a través de las sanciones por exceso de velocidad impuestas en la Ronda da Muralla con los dos radares y la cámara de fotorrojo se invertirá en medidas que redunden en la mejora de la seguridad vial, como un nuevo sistema para la Policía Local para la gestión de las multas.
La iniciativa la presentó el BNG, que pedía que el dinero se destine a PDAs para los agentes, y fue enmendada por el PP, que abría la propuesta a todos aquellos aspectos que puedan mejorar la seguridad, tal como planteó hace tiempo anticipándose a la idea del BNG, recordó el Enrique Rozas.
En todo caso, la moción contó con el aval del gobierno local, que a través de su portavoz, José Rábade, explicó que el Ayuntamiento ya viene destinando una partida importante a esta materia, que su objetivo es seguir incrementándola y que la previsión ya era destinar el dinero recaudado a ese fin, en la misma línea que aprobó el Gobierno estatal para los fondos ingresados a través de las multas que impone la Guardia Civil y que el PP rechazó, matizó Rábade.
Con todo, el compromiso de inversión implica garantizar que se dotará a la Policía Local de un sistema eficaz de multas, algo a todas luces necesario puesto que hasta un juzgado inició una investigación sobre la presunta retirada de sanciones relacionadas con alcoholemias.
Éste no fue el único asunto del orden del día en el que hubo unanimidad, puesto que el primer pleno del nuevo curso político se caracterizó en su primera parte por el buen tono. El entendimiento se dio, sobre todo, entre el PSOE y el BNG, hasta el punto de que el portavoz popular, Joaquín García Díez, volvió a hacer bromas sobre el posible matrimonio que se estaba gestando. Claro que las cosas no terminaron como empezaron sino todo lo contrario, con un bronco debate a tres bandas.
En la primera parte del pleno, fueron el gobierno y el PP quienes protagonizaron los encontronazos más fuertes, especialmente con motivo del matadero y de una propuesta de los populares para pedir inversiones al Estado.
En el primer caso, el portavoz del PP, Joaquín García Díez, se sintió aludido cuando la edil de Economía, Sonia Méndez, le preguntó por qué cuando era alcalde adjudicó a Frimiño la gestión del matadero si ya había dudas y por qué no hizo nada para acabar con los incumplimientos de la empresa con el Concello. Díez sintió que se ponía en duda su honorabilidad e instó a la edil a acudir al juzgado si tiene sospechas de algo.
Pero el tono subiría todavía más a cuento de una moción del PP para pedir al Gobierno estatal obras como un estudio para desdoblar la N-VI a su paso por la ciudad o sanear el Miño después de que los populares rechazaran la propuesta del gobierno, apoyada por el BNG, de demandar a la Xunta un plan económico de apoyo a los concellos. "Eso es oportunismo. Como el gobierno hizo una petición, el PP presenta otra, pero usted al PSOE ya no lo engaña más", dijo el regidor, José López Orozco, a García Díez, que no se quedó corto y le respondió que no engaña a nadie y si en 1999 accedió a la alcaldía fue porque él no concurrió. "Por no presentarme, usted fue alcalde", le espetó.
