Todo apunta a que la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene bastante enfocada la acusación por tráfico de influencias contra el exministro de Fomento José Blanco, y más después de que la Policía haya presentado ante el juez que instruye el caso un informe de 80 páginas en el que determina que la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Sant Boi para unas naves de Azkar es ilegal y que se otorgó única y exclusivamente por las gestiones realizadas por el entonces ministro con el alcalde de esta localidad catalana, también socialista.
El Supremo decidió asumir la investigación sobre Blanco después de que Jorge Dorribo lo acusase, en el marco de la operación Campeón, de haber recibido dinero a cambio de favores a empresarios. La instrucción se abrió por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, pero las pruebas encargadas hasta el momento no han encontrado rastro de cobros o pagos, por lo que la acusación de cohecho parece diluirse.
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