El juzgado de Girona que recibirá en fechas próximas la pieza separada de la operación Manga tendrá sobre la mesa conversaciones entre los implicados que revelan una presunta financiación ilegal de CiU en la comarca de La Selva. La investigación de los funcionarios de Vigilancia Aduanera, fundamentada en las escuchas telefónicas intervenidas, revela que la empresa GRS supuestamente hizo pagos dirigidos a las sedes del partido que lidera Artur Mas, aunque se trataría de una financiación de baja intensidad, consistente en pagos de facturas de sedes o aportaciones menores a campañas electorales locales.
La jueza Pilar de Lara sospechó desde el principio que detrás de las operaciones Pokemon/Manga podría estar el sufragio de los gastos en B de los partidos. De hecho, en la primera fase de la redada, el alcalde de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, declaró que parte de ese dinero iba para el partido. Una asunción similar la efectuó el concejal del BNG de Ourense implicado en la causa, mientras que en el caso de Lugo también existen sospechas, aunque Liñares las negó de forma tajante en su declaración judicial.
En Santiago, por el momento tampoco hay datos concretos en ese sentido. Sí la hay de cobros. De hecho, en una de las conversaciones se escucha cómo uno de los implicados se refiere al exedil Albino Aldrey como la persona «que se llevó la mejor parte».
Por otra parte, las pesquisas se extienden por toda Galicia, como ya avanzó este periódico. Agentes de Vigilancia Aduanera requisaron ayer expedientes de contratación en los ayuntamientos pontevedreses de Ponte Caldelas y Marín. Del consistorio de Ponte Caldelas se han llevado el expediente del contrato firmado en 2011 y ampliado el pasado mes de enero con Aquagest, concesionaria del servicio del agua. Mientras, del Ayuntamiento de Marín se han hecho con el contrato firmado en 2003 con Vendex para el servicio de grúa y recogida de vehículos.
Fauria necesita unos días para decidir su futuro
El presidente del Consejo Comarcal de La Selva y alcalde de Sant Hilari Sacalm, Robert Fauria, pidió al equipo de gobierno del Consejo -formado por CiU y ERC- que le dé «unos días» para decidir su futuro en la presidencia de la institución y en la Alcaldía después de ser detenido en la operación Manga. Fauria se reunió con el portavoz de ERC en el Consejo Comarcal, Jordi Orobitg, y posteriormente con algunos miembros de su propio partido y en ambos casos habría defendido su inocencia; aunque está imputado por cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación de documento público.
