La jueza Estela San José, instructora del caso de las multas retiradas de forma ilegal en la Delegación de Tráfico, acaba de dictar un auto en el que accede a realizar las «diligencias complementarias» que ha solicitado ahora la Fiscalía, aunque lo hace «obligada» por «el imperio de la ley» y mostrando su perplejidad porque sea siete meses después de recibir el escrito de cierre de diligencias. «No queda más remedio que asumirlas», redacta la instructora, «aun sabiendo que no hace sino dilatar aún más unas diligencias de por sí demasiado extensas en el tiempo».
Hay que recordar que la investigación de este caso se prolongó durante casi dos años, y que fue en el pasado octubre cuando por fin se transformaron en procedimiento abreviado y se les dio traslado a las partes y a Fiscalía para esta procediera a redactar el escrito de acusación. En esas diligencias, la magistrada imputaba a 78 personas y situaba en el centro de la trama al exjefe provincial de Tráfico Julio González y al exsubdelegado del Gobierno Jesús Otero. De todos ellos, 76 habrían cometido supuestamente un delito de tráfico de influencias, mientras que Julio González se enfrentaría además a prevaricación administrativa y falsedad documental. Este último delito también afectaba a la funcionaria de Tráfico María Consuelo Fernández.
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