La jueza Estela San José, que instruye el caso sobre la retirada irregular de multas de la Policía Local, estudia ordenar la práctica de pruebas caligráficas para alguno de los que han declarado como imputados, dado que han asegurado que las firmas y anotaciones que figuran en varias de los boletines de denuncia no tramitados no son suyas.
En esta situación están, por ejemplo, al menos dos de los seis policías locales que han declarado como imputados esta semana, tres el lunes y tres ayer. Pero son muchos más los que han declarado lo mismo.
Por lo demás, los testimonios de los tres agentes que se presentaron ayer ante la titular del juzgado de instrucción número 3 no arrojaron novedades significativas respecto a lo ya declarado por la mayor parte de los cerca de cuarenta policías que ya han pasado por allí: desorganización en la tramitación de las denuncias y retirada de las mismas a discreción de los agentes en base a lo que llaman alegaciones verbales.
Pruebas
Otra cuestión que los policías han introducido en las últimas declaraciones es la legalidad de algunos de los boletines que obran en poder de la jueza y que no fueron incautados por ella en el registro que llevó a cabo en la sede policial, sino entregados posteriormente a requerimiento del juzgado por parte de los mandos del cuerpo.
Según algunas opiniones, no se puede descartar que esas pruebas puedan considerarse viciadas al no haberse cumplido con la cadena de custodia. En todo caso, no será este el momento procesal en el que se tome esa decisión, ya que la anulación o no de esos boletines como prueba debe tomarla el tribunal que finalmente juzgue el asunto.
