El entramado de prostitución y corrupción de funcionarios públicos que se investiga en el caso Carioca tenía en los servicios de Extranjería, tanto de la Policía Nacional como de la Subdelegación del Gobierno, uno de su principales apoyos, según se desprende de las actuaciones incluidas en el sumario. La jueza Pilar de Lara sospecha que los responsables de estos servicios eran piezas básicas para que los dueños de prostíbulos y los dos guardias civiles más implicados pudieran ejercer el control sobre las prostitutas, en su práctica totalidad extranjeras.
Las principales sospechas recaen sobre el inspector jefe de la brigada de Extranjería de la Policía Nacional, E.R.S.; el segundo al mando, el subinspector E.C.P.; el funcionario de este servicio y abogado G.P.D., y el jefe de Inmigración de la subdelegación del Gobierno, A.L.F. Entre los cuatro controlaban prácticamente todos los trámites relacionados con los extranjeros en Lugo, desde los permisos de trabajo y residencia hasta los expedientes y las órdenes de expulsión, pasando incluso por las inspecciones en los propios burdeles.
Gracias a la buena relación que mantenían con varios de los dueños de prostíbulos imputados en esta operación, éstos tenían una gran facilidad para conseguir permisos de trabajo para las mujeres -incluso aunque los contratos fueran falsos-, podían frenar los expedientes y las órdenes de expulsión a las prostitutas ilegales que identificaban en las redadas, conseguían acelerar otras cuando no les convenía que las mujeres siguieran en España o incluso obtenían informes favorables para llevar a cabo matrimonios de conveniencia.
Guardias Civiles
Pero, según la investigación, la connivencia no sólo era con los proxenetas. También mantenían una relación muy fluida y de gran confianza con el cabo de la Guardia Civil A.L.T., uno de los principales imputados junto a su jefe directo, J.B.R., quienes aprovecharían esta amistad para aumentar su control sobre las prostitutas que conocían. Era a ellos a quienes llamaban estos guardias civiles para interesarse por los papeles de decenas de las mujeres con las que contactaban en los burdeles.
En el caso del funcionario de Extranjería y además abogado, la jueza lo acusa de aprovechar su puesto oficial para derivar clientes hacia su propio bufete, donde cobraba por gestionar los expedientes. No le sería difícil llevarlos a buen puerto porque, de ser ciertas las acusaciones a las que se enfrenta, luego aceleraba dichos trámites e incluía los informes favorables que fueran precisos, ya que él mismo se encargaba luego de redactarlos y pasarlos a firma al su jefe directo, el inspector E.R.S.
Delitos
Los cuatro se enfrentan a acusaciones que incluyen delitos sobre prostitución y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, cohecho, revelación de secretos, prevaricación, falsedad documental, contra la Administración Pública y de tráfico de influencias.
