Siete años, miles de folios y cuatro fiscales jefes después, la jueza Ángela Galván ha dado por concluida la fase de instrucción de la operación Muralla, al comunicar el auto de transformación en procedimiento abreviado, paso previo para que la Fiscalía pueda presentar escrito de acusación y solicitar la apertura de juicio oral.
Un macrosumario que ha quedado reducido a un auto de tres folios y otros tantos acusados, uno de ellos el último que fue imputado, Francisco Cacharro Pardo, a quien la magistrada considera responsable de los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude a la administración. Son los mismos delitos genéricos que achaca a José Manuel Romay López y a José Enrique Cacicedo Herrero. El primero era ingeniero jefe del servicio de vías y obras, además de socio de la consultoría de ingeniería Senén Prieto, en la que había trabajado el también ingeniero Cacidedo, a quien la Diputación encargaba sistemáticamente los proyectos, que luego este facturaba para Senén Prieto.
El rastro bancario de los pagos de la Diputación al ingeniero
Una de las principales evidencias probatorias a las que se refiere la jueza en su auto es el rastro bancario de los pagos. Y es que, según parece, no se molestaban mucho en ocultarlo, ya que la magistrada detalla cómo la Diputación pagaba directamente a Cacicedo en un número de cuenta y este, desde esa misma cuenta, se limitaba a transferir el pago a otra cuenta a nombre de la consultoría Senén Prieto, en la que el jefe de obras de la Diputación tenía incluso domiciliadas sus facturas.
