Un lucense, que exigió al Concello el uso del castellano en las notificaciones, acaba de obtener el respaldo de la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano y Carrió, quien, a través de un escrito, recomienda a la institución local que ajuste su sistema informático para poder emitir también documentación en español a los ciudadanos que así lo deseen.
La decisión de la Defensora del Pueblo fue comunicada al Concello el pasado 20 de junio. A partir de esta fecha, la institución local tuvo un mes de plazo para enviar un informe preceptivo donde se pusiese de manifiesto la aceptación de esta recomendación, no vinculante para el Concello, o, en caso contrario, las razones en las que basaría su no aceptación de la misma.
La concejala del PP Raquel Castiñeira aseguró ayer, en rueda de prensa, que el Ayuntamiento hizo caso omiso de dicha recomendación dado que no envió, en el plazo estipulado, el mencionado informe a la Defensora del Pueblo.
De ser así, esta institución podrá poner en conocimiento del ministerio correspondiente, quizá Administraciones Públicas, los antecedentes del asunto y la recomendación presentada. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, el asunto se publicará en el informe anual, tal y como estipula la ley que regula el funcionamiento de esta institución.
Otro informe
La Defensora del Pueblo sí obtuvo, en cambio, respuesta del Concello en un primer informe, valorado incluso positivamente por la primera institución. En ese comunicado, el Ayuntamiento de Lugo manifestó a la Defensora del Pueblo su disposición para atender la queja y usar, en este caso, el castellano. Sin embargo, el Concello reconocía como un «obstáculo» para dicho fin la configuración necesaria de los sistemas informáticos.
Esta justificación no es, en cambio, aceptable para la Defensora del Pueblo pues supondría, dice, una «desviación en el cumplimiento de la norma». Para ello, cita la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que impone a las instituciones públicas en territorios con dos lenguas cooficiales el deber de traducir al español los documentos a los interesados que hubiesen solicitado el empleo de esta lengua.
Según Raquel Castiñeira, el Registro del Concello tramitó otra queja más similar a ésta que, en cambio, fue contestada. La edil popular añadió que el derecho a recibir comunicaciones administrativas en castellano también está incluido en el Estatuto de Autonomía, «donde se dice que los poderes públicos deben garantizar el uso del gallego y el castellano», y en la Constitución, «que recoge el derecho de usar el castellano entre las administraciones».
