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La ciudad que nadie quiere

DESPUÉS DE HABER batido el récord de la ciudad española con la huelga de basura más prolongada, solo queda concluir que nadie de cuantos vivimos aquí queremos a Lugo, que si antaño llegó a recibir la Escoba de Plata en premio a su limpieza viaria, hoy bien podría ser acreedora de la Escobilla del WC. Y digo que nadie la queremos porque es la ciudadanía en general —no solo los sindicalistas, directivos de Urbaser y gobernantes locales que nos metieron en esta dinámica imparable— la culpable de que no se haya buscado antes una solución a una situación disparatada que va más allá a lo que puede ser un conflicto laboral, porque una agresión como la que está sufriendo un bien común como es la ciudad no la toleraríamos ni un minuto si ocurriese en una propiedad nuestra.

La única razón que concluyo que ha podido provocar tal desidia es la pérdida de parte esa autoestima que por un momento creímos tener los lucenses, después de que el monumento que hasta hace unas décadas consideramos un estorbo fuese declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Da la impresión de que está en nuestro ADN adaptarnos a los peores escenarios posibles, porque después de 33 días entre mugre y pestilencia cualquier ciudadanía más o menos organizada habría respondido más que con tímidas protestas como la protagonizada ayer por los hosteleros a tanto despropósito de los actores del conflicto.

Sin embargo, las partes mantienen, sin que nadie les ponga coto, su diaria ceremonia de confusión, en la que los políticos del gobierno y la oposición actúan de comparsa alegando un cumplimiento de la legalidad para actuar que sin embargo luego se saltan cuando se trata de conceder pluses a funcionarios afines o de recomendar amigos para conseguir empleo.

Porque si bien cualquier trabajador es libre de acudir a una huelga, a riesgo de perder sueldo e incluso el empleo, y una empresa concesionaria también tiene derecho a defender los intereses de sus accionistas frente a las reivindicaciones de su plantilla, una administración y sus representantes políticos deben de tener claro cuál es su prioridad: los ciudadanos que pagan impuestos y votan, un factor que han dejado de lado gobierno y oposición desde el primer aviso de la huelga.

El gobierno socialista no supo ni quiso actuar con contundencia desde el principio y, arrastrado por la debilidad que le caracteriza desde que los problemas judiciales acosaron al alcalde y le dejaron en minoría, lo fió todo a una solución negociada antes del Arde Lucus y a la imposición de unos servicios mínimos seguramente desproporcionados. Pero el acuerdo, como era de esperar, no fue posible por la intolerancia de los directivos de una empresa del Ibex a la que le importa un pimiento las pérdidas que puede generar una concesión de segunda categoría y tampoco fue posible por el atrevimiento nada calculado de un cóctel sindical formado por una UGT de uñas con Orozco y una CIG que busca pescar afiliados en río revuelto. Aun así, la crisis provocada por una huelga de basura en plenas fiestas se solventó con la contratación, tarde y con pocos medios, de Tragsa y, sobre todo, con la colaboración ciudadana.

A partir de entonces, la carrera de fondo de los contendientes era la esperada, con acercamientos y rupturas propias de un estratega de la negociación laboral, pero de nuevo sin respuesta contundente por parte del gobierno, que justificó con retrasos burocráticos los ultimátums que debería haber dado desde el principio a la concesionaria.

Enfrente, los grupos de oposición también mostraron su alejamiento de la ciudadanía, con un líder del grupo popular y aspirante a alcalde desaparecido durante la semana, que al regreso de su estadía en sede parlamentaria corneaba como un astado sanferminero al alcalde y su portavoz sin aportar soluciones ni pedir a sus gobiernos amigos que colaboren presionando a las partes. En el BNG tampoco tuvieron claro nunca durante el conflicto que quienes les votaron fueron los ciudadanos y no solo una plantilla que, lejos de sufrir los rigores de la crisis, mantuvo durante estos años intactos sus sueldos y empleos, garantizados hasta que se jubilen por obra y gracia de la subrogación. Los nacionalistas acusaron al gobierno de defender a Urbaser y olvidarse de los empleados, llegando incluso a pedir la municipalización del servicio, lo que en la práctica implicaría convertir en funcionarios al personal de una empresa privada sin mediar concurso oposición.

Así las cosas, casi cinco semanas después del inicio de la huelga, el conflicto parece enquistado y la reacción tardía del Concello poniendo fecha a la intervención del servicio podría hacer meditar a las partes, que a estas alturas han perdido y han hecho perder a la ciudad miles de euros. Ese dinero será tan difícil de recuperar como la imagen hacia el exterior de una ciudad que ahora ya no solo es conocida por sus murallas romanas, también por sus montones de basura.

Y como esta es una crónica inculpatoria, sería injusto no admitir cierto grado de indolencia por parte de los medios de comunicación, que en estas semanas nos hemos ocupamos solo de recoger las discrepancias de las partes, pero sin actuar como instrumento de presión para exigir una salida. Me imagino a los finados cronistas locales que hicieron historia en estas páginas, como Fole, Trapero o Rivera Manso, los adjetivos que hubieran elevado en sus artículos para espolear a los protagonistas de la degradación. Su vehemencia a la hora de denunciar los desatinos de los políticos locales fue en los tiempos oscuros quizá lo único que insuflaba autoestima a una ciudadanía acostumbrada al «mañana dios dirá». Pues, aunque sea por la memoria de los maestros, a partir de ahora, señores de la basura, me tendrán enfrente.

(Publicado en la edición impresa de El Progreso el 12 de julio de 2014)

La ciudad que nadie quiere
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