La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) abrió 54 nuevos expedientes de reposición de la legalidad en Lugo en el primer semestre de este año, periodo en el que, además, se derribaron siete construcciones.
Esos guarismos de enero a junio hacen prever que, de seguir ese ritmo, el 2015 se cerrará con aún más actividad de la Aplu que en el año pasado, en el que este ente dependiente de la Consellería de Medio Ambiente ya intensificó de forma significativa su labor de inspección en la provincia, al iniciar un total de 78 expedientes, un 65% más que en el ejercicio anterior, en el que abrió 47.
Una de las explicaciones a esa mayor actividad está en la actitud de los concellos, menos permisivos que antes con las irregularidades urbanísticas. Al menos así se percibe desde la Aplu, que cada vez abre más expedientes a iniciativa de las propias entidades locales, cuando antes esas denuncias eran esporádicas, al hacerse la vista gorda ante muchas infracciones.
Esa intensa actividad en Lugo es una constante en el conjunto de la comunidad gallega. Así, en el primer semestre de 2015 la Aplu inició en las cuatro provincias un total de 201 nuevos expedientes. De ellos, 103 se incoaron en Pontevedra —más de la mitad— y, además de los 54 casos en Lugo, hubo otros 26 en A Coruña y 18 en Ourense. Por lo que se refiere al 2014, la agencia abrió en ese ejercicio 406 expedientes, un 34% más que en el 2013.
La Aplu, que está dirigida desde febrero por José Antonio Cerdeira, abre esos procedimientos a raíz de inspecciones de sus técnicos o de denuncias de particulares, concellos o cuerpos como la Policía Autonómica. No siempre se resuelven con una orden de derribo, ya que hay casos que se archivan, al no haber infracción, y en otros las construcciones son legalizables.
En la comunidad, en el primer semestre de este año se resolvieron un total de 178 procedimientos. De ellos, 78 se cerraron en Pontevedra, 47 en A Coruña, 39 en Lugo y 14 en Ourense. En 2014, el número de expedientes resueltos en Galicia ascendió a 302 —un 24% más que en 2013—, y 51 de esos procesos se cerraron en Lugo.
MÁS DERRIBOS EN LA COSTA. Cuatro de los siete derribos ejecutados de enero a junio de este año en la provincia por orden de la Aplu se registraron en ayuntamientos mariñanos.
Así, en febrero se demolieron en Foz y Viveiro sendas casetas prefabricadas que estaban situadas en suelo rústico. Corrieron la misma suerte en mayo, por el mismo motivo, una vivienda unifamiliar en Viveiro y dos construcciones prefabricadas colocadas en una parcela en Ribadeo. Los tres derribos restantes se efectuaron en Friol, Vilalba y Lugo, en los meses de abril, mayo y junio, respectivamente.
También en el primer semestre, se ejecutaron 32 demoliciones en Pontevedra, 22 en A Coruña y cuatro en Ourense, hasta sumar 65 en el conjunto de la comunidad gallega.
Por lo que se refiere al año pasado, se derribaron un total de 129 construcciones ilegales en territorio gallego, un 29% más que en el 2013. Hubo 53 demoliciones en A Coruña, 50 en Pontevedra, 16 en Lugo y seis en Ourense.
En la provincia lucense, esos 16 casos en los que las palas acabaron con edificaciones fuera de ordenación se registraron en los concellos de Barreiros, Burela, Foz, Lugo, A Pastoriza, Ribadeo, O Valadouro, Vilalba y Viveiro.
Estas demoliciones afectan, por lo general, a viviendas, naves, casetas prefabricadas y obras menores como muros que se construyeron sin licencia municipal ni autonómica en suelo rústico o en la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.
Pese a la mayor eficacia en la labor inspectora y a que, según resaltan desde la Aplu, cada vez hay también una mayor sensibilización ciudadana sobre la importancia de hacer las cosas bien en el ámbito urbanístico, sigue habiendo bastantes expedientes con órdenes de derribo dictadas y aún sin ejecutar. La mayoría se abrió hace bastante tiempo, hasta más de una década, pero las largas disputas en los juzgados han imposibilitado hasta ahora demoler estas construcciones. Además, aún existiendo una sentencia en firme, se abren largos procesos burocráticos hasta contratar las obras de demolición.
Según los últimos datos facilitados por la Aplu, hace un año había en la provincia casi un centenar de edificaciones ilegales (un total de 96) pendientes de derribo en 31 municipios, la quinta parte (20) en el concello de Lugo.
EN LA RUTA JACOBEA. La Aplu priorizará este año la vigilancia e inspección urbanística en los concellos por los que pasa el Camino de Santiago. Así figura en su hoja de ruta anual, a mayores de sus inspecciones de oficio —en concellos adheridos al ente y en áreas costeras y espacios protegidos—.
Otra de las prioridades en su plan de actuación de 2015 será la incoación de expedientes de obras en ejecución, para paralizarlas hasta que se resuelva sobre su legalidad. Además, el organismo se fija un límite de un mes para contestar las consultas de los concellos asociados, a menos que se precisen informes específicos.
