La Fiscalía de Lugo y los jueces de lo Penal han extremado sus controles para evitar que se siga utilizando en la provincia el truco procesal detectado por el Ministerio de Justicia para evitar que conductores condenados por sentencia firme a entregar su carné tengan que hacerlo.
Esta triquiñuela legal había sido detectada en casos juzgados en A Mariña, Lugo y el sur de la provincia, y se centra en conductores que han sido condenados por sentencia firme a retirada de carné de conducir por menos de un año. El método consiste básicamente en solicitar el indulto para esa pena en cualquiera de las oficinas periféricas de Justicia o en la Sudelegación del Gobierno, pero evitando en la documentación identificar el juzgado que había emitido al sentencia condenatoria. Luego, con la copia de la entrada en registro de la petición de indulto, se solicita en el juzgado de lo Penal correspondiente que suspenda la ejecución de la pena mientras se tramita el indulto. Pero al desconocer Justicia a qué juzgado debe dirigirse para pedir los informes, y mientras se subsanan las deficiencias, el tiempo va pasando. Cuando se cumple un año sin haberse ejecutado la retirada, ésta prescribe.
Máximo control
Ante el listado de casos que Justicia envió a la Fiscalía y a los juzgados lucenses, la reacción ha sido inmediata. Según confirmaron a este diario tanto fuentes de la judicatura como de la Fiscalía, el control es ahora extremo. Los fiscales analizan ahora al detalle las órdenes ejecutorias y controlan todas las copias de petición de indulto presentadas, oponiéndose a cualquiera que presente la más mínima irregularidad.
Por su lado, los responsables de los juzgados penales lucenses están denegando de manera sistemática las peticiones de suspensión de entrega del carné en aquellos casos en los que la documentación sobre el indulto despierte la más mínima sospecha.
Sin embargo, sigue sin conocerse la cifra exacta de casos en los que se ha utilizado este truco legal en la provincia, que podría superar la treintena. Tampoco se ha determinado quién es el abogado responsable de la tramitación de estos asuntos, aunque se sospecha que en su mayor parte provienen de un bufete asturiano. De todos modos, tampoco este dato podría aportar mucho, más allá de poner sobreaviso a fiscales y jueces, ya que en esta práctica no hay nada delictivo ni por parte del letrado ni por parte del conductor.
Los fiscales controlan al detalle las órdenes ejecutorias y los jueces deniegan cualquier petición sospechosa
El otro frente: La administración no introduce medidas correctoras
Otro de los frentes, además del judicial, en los que podrían ponerse medios para terminar con esta triquiñuela legal es en la propia administración, a través de sus diferentes oficinas de registros, ya que son éstas las que reciben las peticiones de indulto rellenadas de manera incorrecta.
Sin embargo, parece que en este caso la reacción no será tan rápida como en el frente judicial. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno consultadas por este diario, ningún departamento de la administración controla la documentación que entra en el registro cuando va dirigida a otro organismo distinto. Debe ser el departamento destinatario final el que revise la documentación aportada y solicite al interesado que subsane las deficiencias que puedan hallarse.
Esto facilita que las peticiones de indulto incompletas que se presentan para eludir la entrega del carné de conducir tarden en tramitarse el tiempo suficiente como para que prescriba la pena.
Perjudicados
Lo peor de este asunto es que muchos otros conductores condenados que sí han solicitado el indulto y la suspensión de la pena cumpliendo todos los requisitos exigidos podrían verse perjudicados ahora ante la desconfianza creada. No hay que olvidar que la solicitud de indulto en estos y otros casos es algo muy habitual y un modo de retrasar al menos unos meses la entrega del carné.
