«Hai confusión social, pero discútese sen argumentos porque xurídicamente non hai ningún tipo de dúbida: os pacientes teñen dereito a rexeitar un tratamento e a pedir unha sedación para morrer». Así de claro expuso el significado jurídico de muerte digna el doctor en Derecho de la Universidad de A Coruña José Antonio Seoane, experto en bioética sanitaria por la Universidad Complutense de Madrid.
Seoane fue uno de los participantes en la mesa redonda organizada por el comité de ética asistencial del área sanitaria de la zona centro de Lugo para hablar de un tema que causa inquietud entre la ciudadanía y que contó incluso con la participación del obispo de Lugo, Alfonso Carrasco. Éste insistió en diferenciar la eutanasia -prohibida por el Código Penal español- de «otros cuidados de los enfermos que son buenos y necesarios», dijo, porque la primera pone en dificultad el derecho a la vida de las personas, afirmó.
Seoane reconoció que, en lo que respecta a la muerte digna, el derecho no siempre ha sido claro, razón por la que sigue existiendo bastante confusión social, aunque la legislación española y la europea han ido evolucionando y hoy no hay dudas: el rechazo de un tratamiento médico y la petición de sedación para morir sin dolor es «un dereito dos pacientes e un síntoma de boa praxe profesional».
Sin embargo, la mesa de debate sirvió para constatar el recelo de algunos médicos a llevar a cabo este tipo de prácticas, sobre todo a raíz del caso Leganés. El elevado número de sedaciones que se realizaban en el servicio de urgencias del hospital Severo Ochoa, de las que muchas condujeron a la muerte, causó una gran alarma social y dio lugar a una disputa judicial que finalizó con el sobreseimiento y el archivo del caso.
En opinión de Seoane, generalmente sólo los médicos con inquietudes y formación en bioética suelen conocer, y llevarla a cabo, la obligación de seguir la decisión del paciente y no emprender tratamientos fútiles, es decir, que no son efectivos. «Os clínicos saben cando é fútil e cando non, non é un problema de discernir, senón máis ben unha cuestión de hábito, de costume», afirmó.
El foro contó también con uno de los ponentes de la ley de muerte digna de Andalucía, Pablo Simón, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago y vocal del Comité Nacional de Bioética.
Simón quiso dejar claro que la norma andaluza -la primera de rango autonómico- sólo desarrolla y concreta la ley estatal de autonomía del paciente, con el objetivo de dar más seguridad a profesionales, pacientes y familias. «El que diga que es una ley de eutanasia es que no se la ha leído», aseguró.
El médico recalcó que la norma andaluza no recoge nada que no establezca la estatal, pero la mejora. Como prueba de que esta última no siempre es suficiente citó el caso de un jovén tetrapléjico castellanoleonés que pidió que le fuera desconectada la ventilación mecánica y que fuera sedado para poder morir dignamente. Fue exactamente la misma solicitud que hizo Inmaculada Echevarría en Andalucía unos meses después, pero pese a que ese supuesto se contempla en la ley nacional, al joven tetrapléjico le fue negada la solicitud y en cambio a Inmaculada se le concedió, explicó.
El salón de actos de Caixa Galicia se abarrotó para escuchar el debate
Prueba del interés que despierta el derecho a la muerte digna fue la elevada afluencia de público al debate. Éste sirvió para hablar de la muerte desde varios puntos de vista. El de la iglesia católica, que estuvo representada por el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco; el jurídico, con el doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña José Antonio Seoane; el de la medicina, con el internista y endocrino Miguel Ángel Sánchez, de Madrid, y el de uno de los ponentes de la ley andaluza de muerte digna, Pablo Simón. PEPE ÁLVEZ
