La Inspección Provincial de Trabajo, dependiente del ministerio homólogo, envió un segundo requerimiento a Urbaser en el que le advierte de que no puede traer a trabajadores ajenos a la plantilla para mantener el servicio durante la huelga. De ser ignorada, dicha advertencia puede implicar una sanción de hasta 180.000 euros.
Se trata del segundo requerimiento que hace la Inspección de Trabajo, después de identificar anteriormente a operarios y placas de los camiones traídos de fuera. La propuesta se sanción a la Urbaser por este motivo ronda los 12.000 euros.
Ante tal situación, Urbaser se encuentra realmente entre la espada y la pared: puede enfrentarse a la sanción de la inspección o, si no cumple los servicios mínimos, arriesgarse a que el Concello lleve a cabo la intervención.
