Inseguridad y rabia ciudadana

LA DELINCUENCIA ES consustancial a la sociedad. Forma parte de sus características esenciales y erradicarla es una de esas quimeras que traen de cabeza a los gobiernos de medio mundo. Aun así, el problema existe y no queda otra que afrontarlo, por lo que todas las sociedades han establecido a lo largo de su historia diversos mecanismos -más o menos exitosos- para evitar que sus ciudadanos actúen por libre.

Por lo general, la medida por excelencia para atajar el delito es el castigo. Se intenta disuadir al delincuente aparejando a sus actos consecuencias como la privación de libertad, las sanciones económicas, las indemnizaciones o los trabajos en beneficio de la comunidad. Eso en este país, claro, ya que hay lugares en los que todavía se aplica la pena de muerte.

Esta penitencia extrema genera noticias difíciles de digerir por nuestro estómago europeo, como el reciente caso de Alireza M., un iraní condenado a muerte por tráfico de drogas que sobrevivió milagrosamente a su ejecución y que tendrá que enfrentarse por segunda vez a su propia muerte. Al día siguiente del ahorcamiento, un empleado de la morgue descubrió que todavía respiraba, pero no hubo compasión y un juez determinó que tendrá que volver al cadalso. Una auténtica barbaridad.

Pero eso sucede en Irán -que es un país muy lejano, como de cuento- y aquí nos consideramos mucho más civilizados, por eso de que no aplicamos formalmente el ojo por ojo y porque nos fijamos como objetivo de la pena la reinserción del reo en la sociedad. Aunque en la práctica, este dos más dos no siempre es cuatro, tal y como reflejan las elevadas tasas de reincidencia.

Siempre hemos presumido de sensatez, pero vivimos tiempos convulsos y no estamos para bromas. El ciudadano tiene actualmente la percepción de que la delincuencia aumenta y se siente cada vez más inseguro, lo que le lleva inevitablemente a desear castigos más rígidos para todo aquel individuo que se salga de los márgenes socialmente admitidos y legalmente estipulados. Nuestro sistema penal es totalmente garantista -lo que a priori está muy bien-, pero pierde encanto cuando la ciudadanía empieza a pensar que es más considerado con el delincuente que con la víctima.

Si uno se da una vuelta por los juzgados de la capital lucense se encuentra a diario con la misma escena: perjudicados que se indignan cuando el fiscal y la defensa del acusado llegan a un acuerdo para pactar una condena inferior a la solicitada. Muchas víctimas, a las que no se les pide opinión, no entienden que la persona que les robó o que les agredió, y que además lo reconoce -condición sine qua non para que haya un acuerdo de conformidad- llegue al juzgado con dos años de cárcel por delante y salga a los diez minutos con una simple multa a sus espaldas.

Y hay casos que no solo escandalizan a los afectados, como el de la banda de ciudadanos del Este que asaltó una vivienda en la parroquia chantadina de A Veiga. Los acusados, que llegaron a ponerle un cuchillo en el cuello a un niño de doce años, reconocieron los hechos tras su arresto y la Audiencia Provincial los condenó, pero el Supremo consideró que las escuchas telefónicas no fueron todo lo rigurosas que tendrían que haber sido, por lo que revocó el fallo y los absolvió. ¿Fue una decisión justa? Penalmente hablando sí, pero muchos lucenses se sintieron indefensos y totalmente desamparados.

La gente ve que la delincuencia está evolucionando -a peor- y reclama más medios para perseguirla y más contundencia a la hora de sancionarla. Y me refiero a la delincuencia que realmente inquieta al ciudadano y no tanto a la de guante blanco. Las peripecias de Dorribo, Liñares y demás familia indignan y cabrean, pero no le quitan el sueño a los vecinos de cualquier parroquia. Al ciudadano de a pie, lo que realmente le preocupa es la posibilidad de que un desconocido lo asalte por la calle o entre en su casa para llevarse lo que tanto le ha costado conseguir. Y lo peor es que las estadísticas oficiales confirman que hay motivos suficientes para preocuparse, ya que en los últimos cuatro años -desde que arrancó la crisis- los delitos contra el patrimonio se han incrementado.

Si comparamos las memorias de la Fiscalía lucense correspondientes a los años 2008 y 2012 observamos que las diligencias previas por lesiones dolosas se redujeron de 3.797 a 1.671, las agresiones sexuales que llegaron al juzgado pasaron de 45 a 29, los casos de tráfico de drogas descendieron de 76 a 49 y las diligencias abiertas por delitos contra los derechos de los trabajadores se redujeron de 68 a 50. En otros capítulos, como los homicidios o los delitos de prevaricación, las cifras se mantienen prácticamente estables.

Con estos datos, el curso estaría superado si no fuera por una asignatura pendiente: las sustracciones. A lo largo del pasado año, los juzgados de la provincia abrieron nada más y nada menos que 7.771 diligencias previas por hurtos, robos, estafas y delitos de apropiación indebida, cometidos en los últimos años.

Y las estadísticas más recientes, publicadas por el Ministerio del Interior y elaboradas en base a los datos que facilitan Guardia Civil, Policía Nacional y Local, tampoco dan argumentos para la tranquilidad. Solo en el primer semestre del presente año se contabilizaron en la provincia de Lugo 991 hurtos, así como 700 robos con fuerza -un 2,5% más que en el mismo periodo de 2012-, de los que 256 se cometieron en domicilios. Está claro que las oleadas de robos de las que se hacen eco los medios de comunicación no son únicamente un titular, por más que la subdelegación de Gobierno se empeñe en repetir año tras año que Lugo es una de las provincias más seguras de España. Que los demás estén peor no nos consuela.

Tenemos motivos para sentirnos inseguros y derecho a que se nos proteja. Está claro que no se trata de lapidar al ladrón en la plaza del pueblo, ni mucho menos, pero sí de incrementar la vigilancia y de aplicar la legislación actual con rigor. Y no solo cuando favorezca al delincuente.

Hay que decir también que la realidad social no ayuda y que el lado más humano de la ciudadanía acaba en ocasiones disculpando las conductas de los infractores, achacándolas a las terribles carencias que atraviesan muchas familias como consecuencia de la crisis. Puede comprenderse, incluso uno puede pensar que haría lo mismo en caso de necesidad, pero aun así no se pueden justificar esas conductas. Además, la mayoría de las sustracciones que llegan a los juzgados lucenses no han sido fruto de la desesperación, ya que las deudas que tienen los acusados con la Justicia no son por asaltar neveras, sino joyeros.

Alexandre Lacassagne - destacado forense y criminólogo- reflexionaba ya en el siglo XIX que «el ambiente social es el medio en el que se cultiva la delincuencia, pero si todos los pobres cometieran delitos por su condición de miseria, sería un caos». Y más en un momento como el actual, en el que pocos pueden presumir de holgura.

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