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Impunidad

LA IMPUNIDAD es sin lugar a dudas una de las formas de desigualdad social más peligrosas para la convivencia. El propio diccionario define ese concepto de forma sencilla: falta de castigo. No es más que la ausencia de la pena que debe imponerse a quienes cometen un delito o una falta. La omisión del escarmiento a todos aquellos que con sus actos perjudican de forma consciente a los demás no deja de ser un atentado contra la posibilidad de cohabitar de forma ordenada con nuestros semejantes. Una situación que erosiona la oportunidad para coexistir de un modo pacífico. Una agresión, en definitiva, contra las normales relaciones entre personas dentro un sistema de derechos y deberes. Cuando alguien vulnera las normas comunes y sus acciones no tienen consecuencias, se genera un clima de inseguridad. Se extiende entonces la idea de que la justicia y las leyes no sirven para nada. Aparece el miedo y la desconfianza. También la rabia.

Las reacciones de los individuos que se sienten pisoteados son impredecibles. Se vuelven incontrolables e inesperadas. Pueden agachar la cabeza y seguir soportando el escarnio de ver en la calle, envalentonados al abrigo de su propia impunidad, a aquellos que roban, estafan, matan o violan. También existe la posibilidad de que un día acaben cansados de poner la otra mejilla. A lo mejor se hartan de esperar a que los malos purguen sus fechorías detrás de unos barrotes y llegan a la conclusión de que no hay más ley que la del Talión. El ‘ojo por ojo, diente por diente’. La justificación moral para solventar a hostias las afrentas de quienes se pasan por el arco del triunfo las normas que todos los demás tienen la obligación de cumplir. Cuando eso sucede, todo se desmadra. Llegados a ese punto, los que antes miraban hacia otro lado y se revolcaban en el lodo de su propia indolencia e incapacidad, se echan las manos a la cabeza. La ira de los humillados ha sido el embrión de profundos cambios históricos y sociales. También el caldo de cultivo en el que se han cocinado episodios de violencia desbocada.

A los habitantes de Estepa, un municipio de la provincia de Sevilla en el que viven unos trece mil habitantes, más o menos como en Sarria, se les agotó la paciencia. Hartos de los robos que venían padeciendo en vehículos, comercios y viviendas, los perjudicados señalaron a los supuestos culpables, dictaron sentencia y la aplicaron. El alcalde, muy aseado y políticamente correcto, pedía calma. Dijo a sus vecinos que en estos casos lo mejor es obrar con prudencia y aguardar a que actúe la Justicia. Sin embargo, unos cuantos exaltados, entre ellos, probablemente, alguno de sus votantes, se cansaron de esperar el dictamen de la toga y le hicieron una peineta al llamado estado de derecho. Asaltaron y quemaron las casas de los supuestos ladrones. Un clan con un nombre bastante gráfico: Los Chorizos.

Esa reacción ha sido objeto de múltiples comentarios en los últimos días. La pregunta que se formulaban algunos analistas tiene su miga. Lo sucedido en esa localidad andaluza es una anécdota, un hecho aislado, o un síntoma de que la gente está ya muy harta de que mangantes, estafadores, asesinos, violadores y corruptos sigan disfrutando de una inmerecida y mal aprovechada libertad a la vista de todo el mundo.

Algunos estamos hasta los bemoles de ver como la Policía sigue haciendo su trabajo y detiene a sujetos indeseables, con decenas de delitos a sus espaldas, que entran por una puerta y salen por la otra. También de decisiones como la de anular la doctrina Parot, que dejó en la calle a delincuentes peligrosos y reincidentes. Tampoco hallamos consuelo en procesos judiciales que se eternizan sin que nadie se siente en el banquillo, en indultos inexplicables y chapuceros o en el descaro con el que se avalan, incluso socialmente, algunos comportamientos corruptos. Ahora bien, preferimos no quemar nada. Cuesta mucho, pero mantenemos la esperanza de que esa sensación de impunidad termine algún día. A ser posible, sin necesidad de recurrir a métodos tan medievales.

No resulta fácil de entender

Las indemnizaciones por despido tributarán en el IRPF. La medida fue incluida por el Gobierno en su proyecto de reforma fiscal. El ministro Montoro justifica la decisión en que se aplicará en un contexto en el que se producirán menos despidos, porque la situación económica empieza a despegar. No resulta fácil de entender. Si el Ejecutivo piensa que la cosa va a mejorar e incluso plantea una hipotética bajada de impuestos, por qué quiere meterle un bocado al dinero que cobran los desempleados por quedarse en la puñetera calle.

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